El testigo del blanqueo del PP fue condenado por una denuncia falsa

Alfonso Grau, a la entrada de la Ciudad de la Justicia./Irene Marsilla
Alfonso Grau, a la entrada de la Ciudad de la Justicia. / Irene Marsilla

Una sentencia impuso a Jesús Gordillo seis meses de cárcel por querellarse contra su casera porque retuvo las notificaciones del desahucio

A. Rallo
A. RALLOValencia

Jesús Gordillo, el testigo en el caso del blanqueo del PP y el denunciante de la financiación ilegal de las elecciones de 2007, no puede presumir de un pasado especialmente limpio. Las dudas que el Partido Popular acumula respecto a la integridad del exasesor y mano derecha de Alfonso Grau encuentran algo de respaldo en sus antecedentes. Gordillo fue condenado a seis meses de prisión por denuncia falsa. Los hechos ocurrieron hace 18 años, pero el tiempo transcurrido no resta gravedad a la actuación.

Gordillo tenía entonces 27 años y vivía alquilado en un piso de la avenida del Cid de Valencia. Sin embargo, adeudaba varios meses a la propietaria del inmueble. La dueña acudió a la Justicia para que se iniciara el procedimiento de desahucio. Según recogen los hechos probados en la sentencia, todas las notificaciones, citaciones y emplazamientos en ese proceso civil fueron comunicados al propio Gordillo o a su padre, incluida la del lanzamiento -desalojo de la vivienda- en octubre de 1997. Sólo dos documentos le fueron entregados al conserje de la finca, que el joven se negó a recoger.

En marzo de 1998, el inquilino se presentó en el juzgado de guardia y denunció a la dueña del piso y al conserje de la finca. Les acusaba de haberse apropiado de todas las notificaciones de la demanda de desahucio lo que le había dejado en una situación de «completa indefensión». Se abrió una investigación que finalmente se sobreseyó al comprobarse la «falacia» contra los dos investigados.

Gordillo sólo pagó los primeros meses. Luego decidió denunciar a la dueña y al conserje

Durante el juicio oral por la denuncia falsa, Gordillo admitió que residía en el citado piso y que era conocedor de la demanda de desahucio que habían emprendido contra él. De hecho, llegó a reconocer su firma en un documento que le emplazaba a comparecer en el proceso judicial. También declaró el conserje del edificio, que era el encargado de cobrar los arrendamientos. Indicó que el acusado únicamente pagó los primeros meses del contrato y luego dejó de hacerlo. Incluso, según relató el testigo, se le llegó a cortar la luz por falta de pago.

La entonces magistrada de Penal 6 le impuso seis meses de cárcel y una multa de 360.000 pesetas. La Fiscalía pretendía una condena mucho más severa ya que reclamaba dos años de prisión y el doble de sanción económica.

Jesús Gordillo es una de las personas clave en la última investigación abierta al Partido Popular en una de las piezas separadas del caso Imelsa. Aportó diferente documentación al juzgado y confesó que pagó actos electorales del PP con 350.000 euros en efectivo que le proporcionó el exvicealcalde del Ayuntamiento Alfonso Grau. Esto fue en los comicios de 2007 cuando la supuesta financiación ilegal del PP se canalizaba a través de la agencia de comunicación Laterne, una de las sociedades del grupo de Vicente Tormo. Gordillo posteriormente dejó la firma y se incorporó al Ayuntamiento de Valencia donde estuvo como asesor del Grupo Municipal a las órdenes de Grau.

La fiscalía pedía dos años de cárcel para el hombre que destapó la presunta financiación ilegal del PP

Hoy mismo debe acudir a la Ciudad de la Justicia por un procedimiento derivado de su declaración sobre la financiación del PP. En su testimonio ante la Guardia Civil, que fue ratificado posteriormente en el juzgado de Instrucción 18, implicó al abogado José María Corbín por ser el letrado de una de las empresas investigadas y cobrar 3.000 euros al mes por la asistencia en asuntos jurídicos. Esto motivó una denuncia del abogado por falso testimonio. El juzgado de Instrucción 10 de Valencia le ha citado como investigado. Las fuentes consultadas, no obstante, ya adelantaron el escaso recorrido judicial de este tipo de acciones; se archivan casi de manera inmediata.

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