La tasa turística y partidas por 100 millones separan a Podemos del Consell

Las tres formaciones acuerdan realizar una auditoría ciudadana basada en el modelo del Ayuntamiento de Madrid

BURGUERA

Valencia. La exigencia de aplicar una tasa turística en la Comunitat y de incluir partidas presupuestarias que supondrían un incremento cercano a los 100 millones de euros en los presupuestos de la Generalitat para 2018 son los dos elementos que, por ahora, impiden que las cuentas del Consell tengan luz verdes para ser aprobadas en Les Corts. Las discrepancias evidenciaron ayer cierto distanciamiento entre Podem y el resto de fuerzas del Pacto del Botánico, Compromís y PSPV, que celebraron ayer la comisión de seguimiento del acuerdo con los presupuestos sobre la mesa.

Portavoces de PSPV-PSOE, Compromís y Podem -Manolo Mata, Águeda Micó y César Jiménez, respectivamente- comparecieron ante los periodistas para dar cuenta de la negociación que mantienen el marco de la comisión de seguimiento del pacto. Mata aludió a problemas económicos para justificar la imposibilidad de encajar en el presupuesto las medidas de Podemos: «Ojalá pudiéramos atender todas las propuestas, porque estamos de acuerdo, pero no tenemos presupuesto para todos».

Jiménez discrepó de que el problema sea de «encaje presupuestario» sino de «voluntad política». La mano derecha de Estañ, el secretario autonómico de los morados en la Comunitat, se mostró confiado en que se alcanzará un acuerdo. Jiménez defendió la necesidad de aplicar una tasa turística dado el actual contexto de «falta de financiación». Además, los podemistas reclaman incrementar las partidas en Sanidad (los morados piden hasta 81 millones y el Consell ha previsto gastar la mitad) y en Vivienda (Podemos cree necesario invertir 100 millones y el Ejecutivo prevé disponer de un tercio de esa cantidad). Les quedan dos meses para ponerse de acuerdo. Además, los negociadores han apoyado la propuesta de Podemos de realizar una auditoría ciudadana inspirada en la realizada en el Ayuntamiento de Madrid. En opinión de Micó, esta auditoría podría servir para corregir la «desafección» hacia la política.

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