El Supremo pide aclaraciones del recurso a los letrados de Fitur

El Supremo pide aclaraciones  del recurso a los letrados de Fitur
irene marsilla

El tribunal limita a doce minutos las intervenciones de los abogados en la revisión de la sentencia

A. G. R. VALENCIA.

El Supremo revisará el 4 de abril la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) que condenó a los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo a 13 años de prisión, a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', a 12 años y a la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, a 9 años de cárcel. Entre los condenados también figura el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.

La Sala ha recogido en una providencia unas instrucciones a los letrados de los acusados con el objetivo de agilizar la vista, que será pública. En primer lugar, limita las intervenciones a 12 minutos para que el proceso no se eternice. Pero, además, pide a los representantes legales «un mayor esclarecimiento» en algunos puntos. Esta precisión ha despertado esperanzas entre algunas defensas por el interés del tribunal en conocer con detalle algunas cuestiones que podrían deparar una nulidad.

Así, los magistrados demandan aclaraciones de los argumentos de los acusados sobre la vulneración del derecho a la intimidad con las grabaciones realizadas por el concejal de Majadahonda, José Luis Peñas. Este hombre fue el principio del fin para la trama Gürtel. Este testigo grabó numerosas conversaciones en las que miembros de la red admitían su participación en actividades delictivas. Las defensas siempre han sostenido la nulidad de esos audios. Ahora será el Tribunal Supremo el que por primera vez analice esta controvertida cuestión del caso Gürtel.

La vulneración de la intimidad por las grabaciones del concejal, cuestión capital

El segundo de los aspectos sobre el que el Supremo pide que se profundice es la separación en piezas de la causa. Se trata de una medida habitual para acelerar la tramitación y enjuiciamiento de las macrocausas de corrupción. Es un práctica habitual que se ha dado en casos como Cooperación o la investigación de la Fórmula 1.

En la misma providencia se añaden otros puntos sobre los que se reclaman más argumentos como, por ejemplo, una infracción de Ley a los delitos de tráfico de influencias y participación de algunos acusados en el delito de prevaricación. Los otros dos puntos, algo menores, son la valoración de la prueba y el delito de falsedad documental. Cualquier pronunciamiento del Supremo favorable a las defensas o una rebaja de pena para los acusados tendrían consecuencias en el resto de piezas que todavía no se han juzgado.

El caso Fitur fue el primero de la rama valenciana en cerrarse. Ahora mismo se celebra en la Audiencia Nacional el proceso por la supuesta financiación ilegal del PP en las elecciones de 2007 y 2008. A continuación, será el turno del amaño de las pantallas en la visita del Papa a Valencia donde Juan Cotino se enfrenta a 11 años de cárcel. También está pendiente la vista por otras contrataciones de la Generalitat con empresas de la trama. Tres exconsellers deberán sentarse en el banquillo.

El amaño del expositor

La sentencia del TSJ del caso Fitur deja constancia de que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados. De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat valenciana por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Pérez al estimar la petición de la Fiscalía Anticorrupción en ese sentido y con el argumento del riesgo de fuga. Lo hizo en febrero de 2017. Y allí permanecen.

En la sentencia, de 558 páginas, se condenaba a once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determinaba que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes. Asimismo se concluye que la Conselleria de Turismo, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

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