La Sindicatura insta al Consell a ser más realista en sus presupuestos

Vicent Cucarella entrega su informe al presidente Puig y al conseller de Hacienda, Vicent Soler. / efe
Vicent Cucarella entrega su informe al presidente Puig y al conseller de Hacienda, Vicent Soler. / efe

La fiscalización de las cuentas autonómicas descarta casos de responsabilidad contable pero reprocha la escasa ejecución de las subvenciones

BURGUERA

valencia. El organismo encargado de auditar las cuentas de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, presentó ayer la fiscalización del modo en que el Consell ha gestionado los presupuestos en 2016, primer año integramente atribuible al Gobierno formado tras la firma del Pacto del Botánico. La auditoría no detecta irregularidades contables pero sí algunas fantasías presupuestarias. El análisis firmado por el síndico Vicent Cucarella señala, en el apartado de las recomendaciones más importantes realizadas en el análisis que, el presupuesto debería prever pagos y gastos previsibles «de forma realista». El documento recalca que en Sanidad hay que actuar de manera que «los créditos se ajusten a la realidad prevista». Actualmente, según la auditoría, se practica una política de castillos en el aire que convierte en inútil la previsión presupuestaria, de tal modo que, «por los desfases existentes», es difícil la aplicación «de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia». Cucarella pone los pies en la tierra al Consell, si bien es cierto que también descarta casos de responsabilidad contable.

«Las consignaciones definitivas del presupuesto de la Generalitat de 2016 se han mostrado insuficientes para atender las transferencias y subvenciones a conceder. Además, se mantienen unos niveles de pago muy bajos, o incluso nulos, en algunas líneas de subvenciones», señala Cucarella en su informe. La teoría presupuestaria va por un lado, de la mano de las políticas anunciadas; sin embargo, las transferencias reales, la ejecución de esas políticas, son deficitarias. Además del baño de realidad, el síndico advierte de que el déficit presupuestario «se mantiene en unos niveles muy elevados, insostenibles, que exigen el recurso permanente al endeudamiento».

Los gastos comprometidos de cara al futuro superan los 50.000 millones de euros, casi tres presupuestos anuales del Gobierno valenciano. No obstante, Cucarella sí subraya la capacidad del actual Consell de, dentro del naufragio propiciado por el constante endeudamiento, ha logrado reducir el déficit gracias a la contención del gasto (menos que un año antes) y de un notable incremento de los ingresos, en cerca de un 10%. La evolución de los derechos reconocidos salta de 10.646 millones en 2015 a 11.882 en 2016, cantidad superior a la registrada ya en 2010, ejercicio a partir del cual los ingresos de la Generalitat cayeron en picado.

El déficit de las cuentas es insostenible y el gasto comprometido supera los 50.000 millones

Para el conseller de Hacienda, Vicent Soler, el informe «revela una mejora sustantiva en la gestión del Consell respecto a etapas pasadas». De otro modo lo ven en el PP, que entienden la auditoría como una serie de datos que son «carne del Tribunal de Cuentas», según el diputado popular Rubén Ibáñez.

Cucarella, al entregar su informe al presidente de Les Corts, Enric Morera, realizó un balance no demasiado crítico. En realidad, fue bastante condescendiente al resaltar la ausencia de indicios de responsabilidad contable «en ningún caso», lo que consideró un «aspecto positivo». Igualmente, el síndico justificó el recurrente uso indebido de las cajas fijas para pagar servicios recibidos por empresas privadas en la infrafinanciación. De palabra fue mucho más diplomático que por escrito, pues el informe no es tan condescendiente.

La auditoría anual recuerda que siguen registrándose facturas en los cajones (1.756 millones), especialmente en la Conselleria de Sanidad y los consorcios hospitalarios, y que los criterios de contratación no son precisamente ortodoxos. De hecho, el auditor recomienda «reducir el volumen de los contratos menores (los que se asignan a dedo) y las adquisiciones por compra directa». En el caso de los contratos negociados, reclama que, efectivamente, se negocien con transparencia, además de instar a que se gestione de manera que no se abuse de los expedientes de enriquecimiento injusto, es decir, de pagos al margen de la Ley de Contratos, pues en ocasiones, el retraso en la convocatoria de un nuevo concurso público obliga a la Administración a prolongar los servicios con las adjudicatarias, lo que supone una vulneración legal porque no se hace convocatoria pública ni concurso.

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