Los sindicatos critican la privatización de empleos en la nueva RTVV

Al sindicato CGT le parecen «insuficientes algunas categorías como, por ejemplo, las de operador de equipo, operador de cámara, técnicos eléctricos y electrónicos u operadores de grúa. Y reclaman conductores, auxiliares de explotación, azafatas, recepcionistas o auxiliares de contabilidad». Según la organización, estos puestos «son imprescindibles para hacer radio y televisión, aunque sea en el siglo XXI». Reivindican que «alguien deberá desempeñar esas funciones» y censuran que en alguna categoría de las publicadas «se busque al hombre orquesta», al exigir a los periodistas funciones específicas de los puestos técnicos mencionados.

Para el único sindicato que no firmó el ERE de extinción de la antigua RTVV, plantear una radiotelevisión pública con 469 trabajadores sirve «para justificar que sus administadores son capaces de crearla con ese número de puestos y no con los 1.600 que necesitó el PP». La organización sindical advierte de que «a la hora de emitir y externalizar algunos servicios, el número de puestos de trabajo se incrementará» -como reconoció Marco en su reunión con los sindicatos-. La cifra podría llegar a alcanzar, según CGT, los 800 trabajadores que reclamó con insistencia este sindicato al Consell, un número con el que cuentan «otras televisiones autonómicas con un modelo similar al valenciano, como avalan expertos universitarios».

El colectivo de trabajadores no pasa por alto que la privatización de puestos de trabajo en la nueva RTVV se le otorgará «a grupos mediáticos afines como Mediapro, a quien se le deben favores». En noviembre de 2015, la productora de Jaume Roures, selló la paz con el Gobierno valenciano al renunciar a mantener las batallas judiciales con Canal 9 por un montante de 27 millones de euros.

Mediapro cuenta con una filial en Riba-roja, València Imagina Televisió (VIT), cuya miniserie 'Jaume I, la conquesta de València', fue aprobada por el Consejo Rector el pasado mes de julio.

CGT denuncia también, como lo hacen Intersindical y CCOO, que la privatización no solamente supondrá una carga económica mayor para las arcas públicas, sino que además implicará una menor calidad del servicio al tratarse de uno subcontratado, «donde prima el beneficio de las empresas, y que, sobre todo, precarizará el mercado laboral con sus condiciones». Por otra parte, señala CGT, iría en contra de la política del Consell, «que por un lado rescata servicios como la Sanidad (modelo Alzira) y por otro crea una televisión pública que ya nace privatizada».

Desde Intersindical critican las subdivisiones de puestos para periodistas en la nueva RTVV -como el experto en datos o el periodista ENG (multimedia)- y hacen hincapié en que en el nuevo modelo «no interesa la producción propia al externalizarlo al máximo». Avisan de que Àpunt «no se puede sacar adelante con los técnicos y administrativos que hay ahora» e incluso dudan que los servicios informativos, que no pueden ser privatizados por ley, puedan desarrollarse de la manera adecuada.

CCOO, por su parte, destaca que en la nueva RTVV «no se aprecia capacidad ni músculo para ofrecer un servicio de calidad», que la presencia de categorías técnicas en su relación de puestos de trabajo «es testimonial» y que la radiotelevisión autonómica supone poner en marcha «un experimento sin garantías de éxito contrastadas».