El secretario de Imelsa debió abstenerse en el proceso para nombrar altos directivos

Jorge Rodríguez preside un consejo de administración de Divalterra. / Juan J. Monzó
Jorge Rodríguez preside un consejo de administración de Divalterra. / Juan J. Monzó

La Ley del Sector Público advierte de que no puede participar si ha prestado servicios profesionales a algún interesado en los últimos dos años

F. M.Valencia

Si el proceso de nombramiento de cargos en Divalterra con contratos de alta dirección ya parecía suficientemente embarullado, la participación del secretario del consejo, Jorge Cuerda, y su trayectoria profesional, contribuyen aún más a suscitar dudas respecto a lo ocurrido. Cuerda, tal y como publicó ayer este diario, trabajó como secretario del Ayuntamiento de Rocafort al menos a finales del año 2016. Y el alcalde de ese municipio es Víctor Jiménez, precisamente el nuevo director de área de la firma heredera de la vieja Imelsa que se ha visto agraciado con el polémico contrato.

La vinculación profesional entre Jiménez y Cuerda puede generarle un disgusto al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. Tal y como ha venido explicando este diario, el informe jurídico elaborado por Cuerda resultó determinante para que Compromís apoyara la designación de Jiménez y de Lucas Ferrando -que renunció a los cuatro días- como directores de área con contratos de alta dirección de la empresa de la corporación provincial.

Cuerda, que también es letrado del propio Rodríguez, avaló unas designaciones que otros dictámenes jurídicos habían puesto en cuestión. Con su posición, el alcalde de Rocafort logró ser nombrado director de área de Estudios y Planificación Estratégica de Divalterra.

El informe del secretario fue clave para que Divalterra aprobara los contratos de alta dirección

Aquella participación del letrado encuentra, no obstante, un inconveniente jurídico que no es menor. La ley de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobada en octubre de 2015, establece en su artículo 23 las condiciones en las que las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se abstendrán de intervenir en un procedimiento. El apartado quinto de ese artículo, que enumera los motivos de abstención, identifica éste: «Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar». Esta última parte es la que pone en una situación complicada la participación de Cuerda. La propia web del Ayuntamiento de Rocafort recoge varias actas correspondientes a finales de 2016 en las que el nombre del ahora secretario de Divalterra aparece como titular de esa misma función en el Ayuntamiento de Rocafort. Al lado de su identificación, la del alcalde, Víctor Jiménez, ahora director de área de Imelsa -con un sueldo de 54.324,14 euros-.

La misma ley señala en el apartado 4 del mismo artículo que la actuación de personal al servicio de las administraciones públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente y en todo caso la invalidez de los actos en los que haya intervenido. Sin embargo, está por ver cuál habría sido el sentido del voto de los representantes de Compromís en el caso de conocer esta circunstancia. Por otro lado, la misma ley deja abierta la puerta a la recusación.

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