Sanidad sí ve justificada la retirada del copago y recurrirá la anulación por el TSJ

El delegado del Gobierno cuestiona el contenido de las normas y asegura que «si los decretos se hacen mal es lógico que la Justicia los tumbe»

L. GARCÉS

valencia. Habrá recurso. La Generalitat recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha tumbado los decretos de retirada del copago -farmacéutico y el de productos ortoprotésicos- aprobados por el Consell en 2015. La resolución llegó en respuesta al recurso que en su día presentó el Estado. Las dos iniciativas, entre las primeras adoptadas por la Conselleria de Sanidad al poco tiempo de la llegada de Carmen Montón a la sede de Micer Mascó, acaban de protagonizar un nuevo varapalo del TSJ al Consell y la respuesta va a ser el recurso de casación, que como ayer confirmó el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, esta en estudio.

El TSJ ha anulado los decretos de Sanidad, que tienen como destinatarios a pensionistas con rentas menores de 1.000 euros y personas con discapacidad, al entender que no se han fijado los requisitos económicos que deben tener los beneficiarios para poder acceder a estas subvenciones.

Pero, como expuso Alcaraz, el Consell entiende que «están justificados», sí existen unos criterios «definidos» de situación de necesidad económica como es, en el caso de los pensionistas, contar con unas rentas inferiores a 18.000 euros anuales. Al argumento en defensa de la iniciativa de retirada del copago, añadió que la resolución del TSJ reconoce que «no existe una situación de desviación de poder». Como consecuencia, consideran la legitimidad y la competencia de la Generalitat de conceder ayudas para garantizar los tratamientos sanitarios en población en situación de necesidad».

Ante la situación desencadenada, el ayer portavoz del Consell, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad asegurando que no afecta «en ningún caso» a las ayudas actuales del año 2017, como tampoco a las de 2016.

El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, se pronunció ayer sobre la anulación cuestionando la redacción de las normas. Señaló que si los decretos «se hacen mal es lógico que la Justicia los tumbe. La sentencia dice claramente que el Consell no fija los presupuestos que deben poseer las personas con diversidad funcional y los pensionistas y de esta manera desvirtúa la finalidad de las subvenciones».

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