Sandra Gómez adjudica 20.000 euros a dedo al coordinador del programa del PSPV en 2011

Sandra Gómez.
Sandra Gómez. / efe

Carlos González Triviño, que también fue vicesecretario general del partido en la ciudad, hará un estudio sobre el suelo industrial en Valencia

ISABEL DOMINGO VALENCIA.

Un «estudio de diagnóstico sobre el estado real del suelo industrial en la ciudad y su potencial de atracción de inversión industrial». Es el título de un nuevo informe encargado a dedo por el Ayuntamiento de Valencia, en concreto, por el área de Desarrollo Económico Sostenible -que coordina la teniente de alcalde y concejal socialista Sandra Gómez- y que supondrá un desembolso de 20.449 euros (IVA incluido).

La empresa encargada de redactar el documento será Sistemas y Aplicaciones de Gobernanza Industrial SL (o SAGI), que tiene como administrador único y director a Carlos González Triviño, viejo conocido entre los pasillos del cap i casal. Fue asesor municipal del PSPV y coordinador del programa electoral del candidato socialista Joan Calabuig en las elecciones municipales de 2011. De ambos cargos dimitió a comienzos de ese año tras no obtener un puesto en la lista electoral que concurriría a esos comicios y por sus discrepancias con la fórmula escogida para elaborar la candidatura.

No son las únicas responsabilidades de González Triviño entre las filas socialistas. Fue también secretario de Ideas y Programas de la comisión ejecutiva provincial del partido y vicesecretario general segundo en la ciudad. Actualmente, además de su labor al frente de la empresa, ha sido el coordinador de la efeméride cultural del Año Pinazo, celebrado en 2016.

Para la adjudicación del informe municipal Sandra Gómez ha recurrido al sistema del contrato menor, una fórmula legal para cubrir necesidades o servicios puntuales y excepcionales pero que, en la práctica, las administraciones emplean para eludir los concursos públicos y asignar el contrato a empresas o profesionales afines. En este caso, al tratarse de un servicio el importe sin IVA no supera los 18.000 euros; en concreto, el contrato a dedo asciende a 16.900 euros, lo que hace un total de 20.449 euros con el IVA.

La empresa del excargo socialista tendrá de plazo hasta el 27 de noviembre para elaborar el informe impulsado por la sección de Promoción Económica, Internacionalización y Turismo que dirige Sandra Gómez. Queda, por tanto, fuera de la supervisión de la concejalía de Desarrollo Urbano, de Vicent Sarrià, que tiene las competencias en materia de suelo.

De hecho, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) impulsado por el gobierno municipal del tripartito dejó sin efectos los sectores de suelo industrial y terciario que el gobierno popular de Rita Barberá había previsto en las zonas de Faitanar y Mahuella. Así quedó reflejado, por ejemplo, en la moción que Sarrià llevó al pleno de septiembre del año pasado, donde también figuran los ejes y criterios para elaborar el nuevo planeamiento de la ciudad. Ninguno de ellos apunta la necesidad de realizar un diagnóstico del suelo industrial en el cap i casal.

Precisamente González Triviño, siendo asesor municipal y secretario de Estudios y Programas del PSPV en la ciudad de Valencia, participó en una jornada en 2008 sobre la revisión del PGOU con Carmen Alborch (entonces portavoz del grupo municipal socialista) y Vicente González Móstoles (arquitecto y concejal socialista).

Triviño es licenciado en Derecho y Filosofía y realizó un postgrado en urbanismo y derecho en la Unión Europea. En verano de 2015 constituyó la empresa escogida por Gómez para el estudio sobre el suelo industrial. A través de esta compañía promueve, además, un proyecto orientado a la reindustrialización de los territorios que atraviesa el corredor mediterráneo.

El contrato menor de este estudio cuenta con el visto bueno de la Intervención Municipal ya que existe línea presupuestaria para ello. Su contratación se suma a la de otros informes encargados por el Ayuntamiento mediante la fórmula del contrato menor.

Así, en los 18 primeros meses del gobierno de Ribó en el cap i casal, las arcas municipales desembolsaron casi 550.000 euros en adjudicaciones a dedo para la elaboración de informes. Entonces, el grueso correspondían a las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Económico, con 172.465 euros en 14 expedientes y 187.503 euros en 12 expedientes, respectivamente.

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