Rodríguez retiene 14 meses el informe que aconseja separar a Pérez (EU) de Imelsa

Jorge Rodríguez, en el centro de la imagen. / juan j. monzó
Jorge Rodríguez, en el centro de la imagen. / juan j. monzó

La publicación del dictamen, que este diario ya destapó en enero de 2017, genera una nueva bronca en el seno de la empresa provincial

F. M. VALENCIA.

El informe elaborado por el despacho de abogados Tomarial, a solicitud de Divalterra -la firma heredera de la vieja Imelsa-, y que aconseja separar del consejo de administración de esta firma a Rosa Pérez, y por extensión a Emili Altur, ha sido durante catorce meses un enigma para los miembros del consejo de administración de la empresa de la Diputación. Una resolución del Consejo de Transparencia que obliga a la firma provincial a entregar el documento a un ciudadano ha derivado en una nueva bronca en el seno de la empresa.

El documento, que este diario ya destapó en enero de 2017 -aunque sigue sin haber sido puesto en conocimiento formal de los miembros del consejo- retrata la incompatibilidad en la que incurre la diputada de EU. Rosa Pérez forma parte del consejo de administración de la firma, que es acusación particular en la causa abierta en los tribunales de Justicia por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros, pese a que ella misma está investigada en la causa -tal y como consideró la Audiencia Provincial cuando rechazó que la diputada fuera acusación popular al estar investigada en esa causa-.

El informe, como en su día adelantó este diario, concluía advirtiendo que, una vez acreditada la existencia de una situación objetiva de incompatibilidad «y vista la gravedad de la misma, es razonable entender que la Junta general -en este caso, el pleno de la Diputación- deberá necesariamente proceder a la remoción de la administradora respecto de la que exista conflicto».

El informe emplazaba a Rodríguez a actuar «sin demora» para evitar perjuicios a la sociedad

El dictamen de Tomarial alerta además de que la necesaria exigencia del «deber de diligencia» por parte de los administradores de la sociedad obliga al consejo de administración «y muy en particular a su presidente, a adoptar sin demora las medidas que sean necesarias para evitar que la Sociedad pueda sufrir un perjuicio». Catorce meses después -la nota 'estrictamente confidencial' de este despacho de abogados está fechada el 15 de diciembre de 2016-, Rodríguez no ha adoptado decisión alguna respecto a Pérez y Altur, que se encontraría en la misma situación, sino que ni tan siquiera ha trasladado el contenido del informe a los miembros del consejo de administración. De hecho, el representante de los populares en ese órgano, Rafael Soler, había solicitado hasta en tres ocasiones acceso a este documento. Y en todas ellas había encontrado la negativa por respuesta.

El contenido del informe sobre la situación de Rosa Pérez ha derivado en una nueva bronca en el seno de la empresa de la Diputación. La petición del documento por parte de un ciudadano derivó en un debate en el seno de la firma provincial, que terminó decantándose por negarlo, no sin antes un enfrentamiento entre la cogerente propuesta por Compromís, Agus Brines, partidaria de hacerlo público, y el letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda, que se oponía. El Consejo de Transparencia -al que el mismo ciudadano acudió para reclamar la documentación- terminó concluyendo que la firma debía entregar el documento, motivo por el que también se ha trasladado a los diputados que lo habían solicitado.

La ocultación de este informe se suma a las de otros dictámenes jurídicos que la vieja Imelsa también se ha negado a entregar a algunos de los miembros de su consejo de administración. Entre ellos, el elaborado también por Tomarial y que desaconsejaba los contratos de alta dirección en el seno de la empresa de la Diputación, así como el primero de los dos documentos de Cuerda sobre el mismo asunto, en el que también se mostraba reacio a esos nombramientos.

Fuentes cercanas a la empresa provincial consideraron ayer además que no haber adoptado ninguna decisión pese al contenido del dictamen podría generar una situación delicada para los miembros del consejo, si finalmente se certificada que se ha producido algún tipo de perjuicio a la Sociedad. Pérez, según las fuentes consultadas por este diario, lleva varios meses sin acudir al consejo de Divalterra, aunque no está apartado formalmente del mismo.

La ocultación de documentación a los miembros del consejo es uno de los delitos por los que el representante de Cs en el consejo, Jorge Ochando, ha denunciado en Anticorrupción al presidente del consejo, Jorge Rodríguez, los dos cogerentes -Brines y Xavi Simón- y al secretario del consejo y letrado de Rodríguez, Jorge Cuerda.

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