Rodríguez celebra el decreto que permite destinar dinero del superávit a inversiones

REDACCIÓN

valencia. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, celebró ayer el decreto estatal aprobado el pasado viernes por el consejo de ministros y que permite a los ayuntamientos y entes locales destinar más dinero de su superávit a realizar inversiones sostenibles. Un tipo de inversiones que la corporación provincial asegura venir incentivando desde el primer momento de la legislatura, con la creación de un IFS (Inversiones Financieramente Sostenibles) que hasta la fecha ha repartido más de 100 millones de euros entre los municipios valencianos. En palabras de Rodríguez, «no nos equivocamos en su día cuando decidimos invertir en las personas los remanentes que de otro modo habrían acabado en los bancos».

Para el presidente de la Diputación, «el IFS que creamos y que ha permitido a los municipios mejorar sus espacios públicos con más de 3.000 obras y la generación de 2.500 puestos de trabajo, forma parte de la reivindicación que siempre hemos hecho los municipalistas de que era necesario premiar a los ayuntamientos que tuvieran una gestión eficiente».

En 2014, el Gobierno central flexibilizó la Ley de Estabilidad Presupuestaria que dos años antes obligaba a las administraciones públicas a destinar el superávit a la reducción del endeudamiento. Se daba respuesta así a la voz del municipalismo, que «no estaba de acuerdo en frenar el desarrollo y la calidad de vida de aquellos municipios que cumplían con sus deberes», según explicó Rodríguez. El responsable provincial mostró su satisfacción por la prórroga que permitirá a los entes locales seguir destinando parte de su superávit a inversiones sostenibles en 2018, pero sobre todo, y esta es la gran novedad del decreto estatal aprobado el 23 de marzo, por la inclusión de nuevos servicios públicos a los que podrá destinarse dicho superávit.

De esta forma, además de la reurbanización y asfaltado de calles, los ayuntamientos podrán ahora invertir una parte mayor de su superávit en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios o asistencia social primaria.

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