Ribó declarará como investigado en un juzgado por negar información al PP

El alcalde Ribó, este fin de semana en su intervención en el congreso de Iniciativa. / efe/biel aliño
El alcalde Ribó, este fin de semana en su intervención en el congreso de Iniciativa. / efe/biel aliño

Las diligencias hablan de un supuesto delito de prevaricación administrativa por no dar acceso al expediente de la encuesta fallera

P. MORENO VALENCIA.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, tendrá que prestar declaración el próximo día 25 en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia al ser citado como investigado (antes imputado) por un supuesto delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos y prevaricación administrativa. La causa es su negativa a facilitar al grupo municipal popular acceso al expediente de la llamada encuesta fallera, una iniciativa del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, que le ha costado al Ayuntamiento una sanción por infracción muy grave por parte de la Agencia de Protección de Datos, lo que está recurrido en la Audiencia Nacional.

El concejal popular Félix Crespo dijo que tras conocer el comunicado del Tribunal Superior de Justicia que «la apertura de este proceso es consecuencia del despotismo y la opacidad de su gestión, así como el desprecio al derecho a la información que tenemos los concejales de la oposición como representantes democráticos de los valencianos».

El grupo popular tardó 225 días en tener acceso al expediente, pero no fue por una decisión del alcalde Ribó sino porque el recurso ante la Audiencia Nacional pasó por la junta de gobierno, donde los grupos de la oposición pueden descargarse toda la documentación de los asuntos.

Crespo recordó que antes de llegar a la vía penal «habíamos presentado ante el Ayuntamiento un recurso de reposición y denunciado ante el Síndic de Greuges, el Consell de Transparencia y el Defensor del Pueblo la negativa constante del alcalde a darnos acceso al expediente administrativo».

La Agencia de Protección de Datos impuso una sanción muy grave por vulnerar los derechos fundamentales de los falleros encuestados, a los que se les preguntaba por su ideología política y creencias religiosas sin una autorización previa por escrito. «Esta sanción no supuso un punto de inflexión para Ribó y continuó negándonos el acceso al expediente», recordó Crespo

Fuentes cercanas al gobierno municipal replicaron que «el grupo popular, con nueve de sus diez concejales imputados por corrupción, así como gran parte de sus asesores y hasta el mismo partido en el marco del caso Taula, intenta hacer ver que 'todos son iguales'. El alcalde no está investigado por corrupción como sí lo están dichos concejales».

Sobre las peticiones del asesor señalaron que «la información que reclama se ofrece a los concejales, no a los asesores. El denunciante, así, se arroga falsamente funciones de revisión y control de los expedientes administrativos». Desde el grupo popular recordaron que las solicitudes han partido del concejal Crespo y del portavoz, Eusebio Monzó.

El primero puntualizó que «seguimos esperando a que tramiten el recurso de reposición que presentamos hace más de siete meses y al que el alcalde está obligado a contestar por ley en el plazo de un mes».

A todo ello, destacó que se han producido «pronunciamientos sobre este asunto del Síndic de Greuges, Consell de Transparencia y del Defensor del Pueblo, a los que ha hecho caso omiso Ribó, en los que se apercibía al Ayuntamiento».

Más

Fotos

Vídeos