La UCO revela que Alfonso Grau empezó a recaudar dinero en B un año antes de la campaña de 2007

El exvicealcalde entra en la Ciudad de la Justicia.
El exvicealcalde entra en la Ciudad de la Justicia. / irene marsilla

La investigación pone ahora el foco sobre los empresarios que supuestamente financiaron los actos electorales

A. Rallo
A. RALLOValencia

El último informe de la Guardia Civil, notificado el pasado viernes, era una de las diligencias pendientes en la pieza del blanqueo que obligó al juez a prorrogar la investigación otros 11 meses.

El documento analiza la campaña de 2007 y concentra todas las sospechas en Alfonso Grau, como el ideólogo y ejecutor de una trama para financiar ilegalmente al PP de Valencia. Aquel año, se contrató a la empresa Laterne, dirigida por Vicente Sáez, amigo de Grau, según detalla el dosier de la UCO.

La campaña se preparó al detalle y con antelación. Un año antes ya se había iniciado la operativa para recoger fondos de procedencia ilícita y se hablaba de un millón de euros de presupuesto para los actos electorales de Barberá, según testigos interrogados por los agentes. Pero no se trataba de una cantidad fija sino que podía variar siempre dependiendo de las necesidades. Los investigadores apuntan a que se alcanzaron los dos millones.

El informe de los agentes traerá consecuencias. Las próximas diligencias presumiblemente irán dirigidas contra los verdaderos financiadores del PP, tal y como recoge el análisis de los especialistas de la Guardia Civil. Así, los dirigentes de numerosas empresas, alrededor de una decena, deberán de comparecer en el juzgado para aclarar su relación con Laterne. El problema será si como apunta en algunos casos el informe de Benemérita no se puede demostrar que aquel dinero que inyectaron a la citada empresa de la respondía a servicios reales. La ausencia de pruebas documentales llevaría a los empresarios a una posición, sin duda, más delicada. Algunos de los principales 'colaboradores' de la organizadora de la campaña del PP son Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa, Lubasa o Nou Litoral. Se trata de las mercantiles que supuestamente más generosidad mostraron a los intereses de Laterne, según la documentación que aparece en el informe de los especialistas.

No es la primera vez que determinadas firmas aparecen en el entorno del Partido Popular. Hasta la fecha los empresarios interrogados por los supuestos amaños de contratos en el Ayuntamiento de Valencia (reforma de las torres de Quart, La Lonja, actuaciones en los puentes y la construcción y explotación de La Rambleta) han negado el pago de comisiones o la financiación al partido. De igual modo comenzaron los ocho empresarios acusados de financiar al PP y que todavía no han sido juzgados por la financiación ilegal de la campaña autonómica de Francisco Camps. Sin embargo, a medida que avanzaron aquellas pesquisas, los industriales cambiaron de parecer. Finalmente admitieron los pagos y de esa forma, la Fiscalía rebajó la pena de prisión por debajo de los dos años. No entrarán en la cárcel.

El Ayuntamiento aportó más de nueve millones de euros a una de las fundaciones bajo sospecha

Algo similar podría ocurrir en el supuesto del delito electoral del PP y más cuando la nómina de empresarios es mucho mayor que en la pieza separada de Gürtel. Algunas defensas, no obstante, tratarán de que se dé carpetazo al asunto con el argumento de que el delito electoral de 2007 estaría prescrito, una tesis que incluso ha deslizado el propio juez instructor en algún auto.

El otro punto sobre el que pivotarán las futuras diligencias será el entramado de fundaciones e instituciones de las que Laterne también recibió cuantiosos fondos. En este sentido, destaca especialmente Turismo Valencia que entregó 600.000 euros. Lo más llamativo es que no se encuentra la documentación que justifique el ingreso de esa cantidad.

Otra de las entidades bajo sospecha es el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). La oposición ya denunció en su día la opacidad de la institución. El Ayuntamiento de Valencia inyectó más de ocho millones de euros desde la creación de la entidad. La mayor cifra se produjo curiosamente en 2007, el año de los comicios, cuando se alcanzaron los 900.000 euros. El 82% de la facturación del grupo Laterne a sociedades financiadas por el Ayuntamiento fue entre 2006 y 2008.

La Fundación para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento, el Centro de Estrategias y Desarrollo y la Delegación de Innovación y Sociedad de la Información son las fundaciones que en su día denunció el PSPV. Se da la circunstancia de que en estas tres últimas sociedades tenía cargo Juan Eduardo Santón, un exconcejal del PP que abandonó la política hace años para dedicarse a sus actividades empresariales. Un nombre, el de Santón, que también aparece entre las pesquisas de la UCO.

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