Requena contrata con una empresa cuyo dueño está investigado en el 'caso Lezo'

F. R.

valencia. El Ayuntamiento de Requena va a abordar hoy en un pleno extraordinario la licitación del contrato de suministro de agua potable y alcantarillado de la localidad que ha elaborado una empresa cuyo dueño se encuentra investigado (figura jurídica que sustituye a la de imputado) en el denominado 'caso Lezo', una investigación por corrupción que afecta al PP de Madrid y está relacionado con el Canal Isabel II que se encarga de las aguas potables de la capital de España.

La empresa en cuestión, PW Advisory & Capital Services, cuyo responsable es Juan Pablo López, se hizo con el contrato del Ayuntamiento de Requena para redactar los pliegos del contrato del agua potable. La gestión del agua, actualmente la tiene Egevasa, empresa mixta de la Diputación de Valencia y Aguas de Valencia.

Se adivina una tensa sesión plenaria en la que el alcalde, Mario Sánchez, del PSOE, se verá obligado a alcanzar pactos con otras fuerzas para sacar adelante la iniciativa.

La contratación de la compañía, cuyo dueño está investigado en el 'caso Lezo', por parte del actual equipo de gobierno municipal de Requena se efectuó a través de contratos menores. El Ayuntamiento ya ha comprometido con la citada compañía 58.443 euros y el alcalde ha negado a la oposición, encabezada por el exalcalde popular Javier Berasaluce, que haya troceado los contratos y defiende que los cuatro son de distintos conceptos.

El de mayor cuantía, de 20.328 euros, IVA incluido, corresponde al estudio de explotación, saneamiento, abastecimiento, tarifas y elaboración del reglamento técnico. El segundo, de 19.965, que corresponde a la redacción de los pliegos de condiciones y a la valoración de las plicas (la misma empresa que ha redactado las condiciones evaluará a las firmas que concurran). Un tercero de 3.630 euros sobre el estudio de liquidación del contrato de la actual empresa que presta el servicio. Y un cuarto, de 14.522 euros, de un estudio y redacción del pliego del contratos de basuras, que la compañía ha cobrado pero cuya ejecución no se aprobó en el pleno.

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