La ley del referéndum se basará en resoluciones de la ONU ratificadas por España

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en el acto soberanista celebrado ayer en Barcelona./Pau Barrena (Afp)
Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en el acto soberanista celebrado ayer en Barcelona. / Pau Barrena (Afp)

El independentismo presenta este martes la ley que dará cobertura legal al 1-O y que “prevalece jerárquicamente” sobre cualquier ley sobre la que pueda entrar en conflicto como la Carta Magna

CRISTIAN REINOMadrid

La ley que debe dar amparo legal al referéndum, uno de los secretos mejor guardados del independentismo para evitar la impugnación del Gobierno al Tribunal Constitucional, llega este martes al Parlamento catalán. Su tramitación aún deberá esperar, para que no sea suspendida antes de tiempo, pero los independentistas presentarán este martes el borrador, en una conferencia en la Cámara catalana por parte de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira.

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Según el borrador dado a conocer esta mañana, la ley toma como base el pacto sobre los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, subscrito por España, para justificar la convocatoria del referéndum unilateral. En la exposición de motivos, la norma señala: "Los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, aprobados por la Asamblea general de la ONU en 1966 y ratificados por el Reino de España el 30 de abril de 1977 reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos como el primero de los derechos humanos". Y añade que la Constitución española determina que la Constitución española en su artículo 96 afirma que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno.

El artículo 1 de la ley establece, según ha desvelado Catalunya Ràdio, que esta ley "regula la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña, las consecuencias en función de cual sea el resultado y la creación de la sindicatura electoral de Cataluña", que sustituye a la junta electoral. En el segundo, se proclama que el "pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".

En el tercero, afirma que el Parlamento de Cataluña actúa como "representante de la soberanía de Cataluña". Y por tanto, este ley establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum". Por este motivo, añade, "prevalece jerárquicamente sobre todas las leyes sobre las que pueda entrar en conflicto, en tanto que regula un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña".

La norma establece además que "todas las autoridades, personas y empresas que participen, ya sea directa o indirectamente en la preparación, celebración o implementación del resultado del referéndum, quedan amparadas por esta ley, ya que desarrolla el ejercicio del derecho a la autodeterminación, que forma parte del ordenamiento jurídico vigente". La ley tiene 34 artículos, un preámbulo y una disposición adicional y una final. La aprobación de esta ley está prevista para septiembre, un mes ante del 1-O. La ley de transitoriedad jurídica podría dejarse para después de la consulta, en función del resultado.

Canales abiertos con todos

Según ha explicado este lunes el propio Puigdemont, "la independencia se convierte en un escenario" tras la votación; y entonces empezaría un periodo de "diálogo" con la Unión Europea (UE) y otros países para "encontrar una solución". "Habría un periodo de transición más o menos largo durante el cual nos gustaría buscar la mejor manera de separarnos", ha apuntado, también calculando que tendrían "capacidad económica" para mantener esa estapa.

Además, ha confiado en que la UE no podría perder a "una de sus regiones más ricas" que además forma parte de "las raíces de Europa". Incluso ha asegurado que tienen canales de información abiertos con todos los países.

"Esto no quiere decir que no quedamos seguir contribuyendo al futuro de este país. Nuestro proceso hacia la independencia no es contra España, sino contra su cerrazón total contra nosotros", ha aseverado antes de apuntar que confía más en la sociedad española que en sus políticos.

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