El PP recurre el decreto de usos administrativos al «excluir» el castellano

Los populares solicitan la suspensión cautelar y critican que el Consell ponga al mismo nivel la cooficialidad y el ámbito lingüístico común

E. P.

valencia. El PP valenciano ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración al considerar que es en muchos aspectos «ilegal» por hacer del valenciano «un idioma excluyente» y «excluir al castellano como lengua cooficial» de la Comunitat en 13 de los 27 artículos.

Así lo explicaron ayer el presidente del grupo parlamentario popular en Les Corts, Jorge Bellver, y la portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, quienes detallaron que el recurso fue presentado el 12 de julio y se pide como medida cautelar la suspensión cautelar del decreto hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

Bellver señaló que el PP defiende la promoción del uso del valenciano, pero a través de la formación «y no la imposición», y advirtió de que la sociedad «empieza a estar harta de enfrentamientos innecesarios» generados por el Consell.

El dirigente 'popular' señaló que el recurso a este decreto se fundamenta en la «marginación del castellano» que supone, con un «ataque innecesario» a esta lengua para defender el valenciano, ya que «en 13 de los 27 artículos el valenciano no está solo como preferente, sino como excluyente» y en notificaciones o comunicaciones de la Generalitat la lengua propia figura como «la única lengua» a utilizar.

Además, cuestionó que se ponga «al mismo nivel la cooficialidad y el ámbito lingüístico común», cuando el segundo concepto es extrajudicial, y se hace «con toda la mala intención».

María José Ferrer detalló que tras la presentación del recurso y la petición de medidas cautelares, ahora la administración deberá facilitarles el expediente y a partir de ese momento detallarán sus alegaciones, que según recordó, van en la línea también de las observadas por el Consell Jurídic Consultiu, lo que demuestra su «buena fe» en este tema.

La diputada señaló que el recurso y las medidas cautelares presentadas por los populares pretenden garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que podría darse el caso de que una persona reciba una notificación que le afecta, como podría ser el caso de una expropiación, en valenciano por vivir en una zona de predominio lingüístico valenciano pero no dominar la lengua.

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