El TSJ rechaza suspender cautelarmente el decreto de uso de lenguas cooficiales

Palau de la Generalitat / Txema Rodríguez

La sala del tribunal considera que los diputados autonómicos Jorge Bellver y María José Ferrer en su escrito no han acreditado el «daño irreparable» que puede causar la aplicación de la norma aprobada por la Generalitat

EPValencia

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha denegado la petición de dos parlamentarios del PP de suspender de forma cautelar el decreto autonómico que regula los usos de las lenguas cooficiales en la administración y en las instituciones valencianas, que ha sido recurrido por el Gobierno.

Según ha informado el TSJCV en un comunicado, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechaza la petición de los diputados autonómicos Jorge Bellver y María José Ferrer porque en su escrito no han acreditado el "daño irreparable" que puede causar la aplicación de la norma aprobada por la Generalitat.

La petición llegó después de que la Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana interpusiera un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 61/2017 de la Generalitat por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales.

En su solicitud, los recurrentes alegaron la ineficacia de los actos administrativos dirigidos a comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico dictados exclusivamente en valenciano y fundamentaban la petición de suspensión en la marginación que el decreto hace del castellano.

Entendían que un decreto "no puede establecer cual es la lengua oficial de otras comunidades y no existe ninguna comunidad autónoma, salvo la valenciana, que tenga el valenciano como lengua oficial".

En su resolución, el Alto Tribunal valenciano desestima la adopción de la medida cautelar porque "no acreditan suficientemente el daño irreparable que conllevaría la puesta en marcha de la resolución autonómica, ni en lo referente a la eficacia de los actos administrativos dirigidos a otras comunidades autónomas, ni en lo relacionado con la marginación del castellano", según el comunicado.

La Sala entiende que "la posible ineficacia de los actos dictados por la administración en otra comunidad autónoma no se aprecia como determinante de causación de perjuicios irreparables o de muy difícil reparación. Tampoco la alegada marginación del castellano, no acreditando la actora la concurrencia, si quiera indiciaria, de la pérdida de la eficacia del recurso".

Recuerda a los recurrentes que "es el interesado en obtener la suspensión el que tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que baste una mera invocación genérica".

Los magistrados no se pronuncian sobre el fondo del asunto y, al desestimar la petición de cautelares, el recurso continuará su tramitación ordinaria.

Según las mismas fuentes, la resolución no es firme y puede ser recurrida en reposición.

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