UGT rechaza el requisito lingüístico para los funcionarios y se enfrenta a Escola

Una de las campañas de Escola Valenciana. / jesús signes
Una de las campañas de Escola Valenciana. / jesús signes

El sindicato socialista se niega a que se obligue a los nuevos empleados a saber valenciano y lo aparca en la futura Ley de la Función Pública

F. R.

valenciano. Escola Valenciana ha vuelto a reclamar al Consell que imponga el requisito lingüístico en la nueva Ley de la Función Pública, una exigencia que le enfrenta de nuevo con UGT, uno de los actores principales en la negociación de la reforma legal, que defiende que esta nueva legislatión «es algo más que el valenciano».

La entidad defensora de la unidad del valenciano y el catalán volvió a solicitar al Cobierno valenciano «que incluya la plena capacitación lingüística como requisito para acceder a la función pública antes de que finalice 2018», tanto en la administración autonómica como en la central en la Comunitat. Vicent Moreno, presidente de Escola, defendió que la Ley de Uso y Enseñanza del valenciano cumple 35 años «y nuestra lengua todavía no disfruta de una situación de normalidad. Es necesario un empujón para potenciar el valenciano en el ámbito administrativo, es necesario introducir la plena capacitación lingüística para contribuir a la normalización del valenciano». Moreno va a solicitar una reunión con Puig para exponerle esta reivindicación y que no renuncie a reformar la ley de la Función Pública antes del final de la legislatura.

De momento los sindicatos han celebrado con el Consell la primera de las reuniones para reformar esta ley «y uno de los muchos asuntos que ha quedado aparcado es el del requisito lingüístico», aseguó Gonzalo Fernández, secretario de Administraciones Públicas de la Federación de Servicios Públicos de UGT.

UGT defiende que «la lengua no debe de ser impedimento para que aquí recalen los mejores»

Para el dirigente sindical «con el valenciano se hará según permita el marco jurídico general, que es la Constitución». Fernández tiene claro que «la lengua no debe de ser impedimento para que en la administración valenciana recalen los mejores profesionales».

Los sindicatos, por otra parte, han llegado a un acuerdo con las consellerias de Justicia y Administración Pública y la de Hacienda para que la contratación de personal en todas las empresas del sector público empresarial sea en las mimas condiciones: un concurso oposición, en el que el examen vale un máximo de un 60 % de la nota final (siempre que se apruebe), un 10 % el curriculum académico y un 30 % la experiencia laboral. «Este acuerdo es una pica en Flandes. Está previsto que se firme el 11 de abril», declaró Fernández.

Fotos

Vídeos