El TSJ rechaza el recurso del Consell para evitar el juicio sobre las cuentas de À Punt

El tribunal impone a la Generalitat el pago de 300 euros por las costas y considera legitimados a los diputados del PPCV para recurrir los presupuestos de 2017

J. MOLANO

valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó el pasado jueves las alegaciones de la Generalitat contra el recurso que presentaron dos diputados del PPCV contra el Consell por los presupuestos de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) para el ejercicio de 2017.

La Abogacía de la Generalitat adujo el pasado 20 de septiembre falta de legitimidad de los parlamentarios populares Jorge Bellver y Rubén Ibáñez para presentar la demanda por considerar que sus derechos o intereses como partido político no están afectados de forma directa y que la legalidad no constituye interés legítimo para interponer un recurso. No obstante, el tribunal, después de estudiar las alegaciones que presentó el abogado del Partido Popular, Jorge Carbó, como respuesta a los letrados de la administración, ha acabado rechazando todos los argumentos que estos exponen para impedir el trámite judicial.

El TSJCV recuerda en el auto al que tuvo acceso este diario que la CVMC es un ente público, con personalidad jurídica propia, que se integra en el Sector Público Instrumental por la ley 6/2016 y señala que, «a juicio de los demandantes, la decisión de aprobar el presupuesto de la Corporación para 2017 por parte del Gobierno valenciano hurta a Les Corts el debate y decisión que corresponde» al Parlamento autonómico. «Desde este prisma -añade el tribunal- al tratarse de diputados en Les Corts, a juicio de la sala de lo contencioso-admnistrativo, estarían legitimados para la impugnación» porque «precisamente alegan» la incompetencia del Ejecutivo y la competencia de la Cámara, «donde son diputados del Grupo Popular». Asimismo, el TSJ impone a la Generalitat el pago de 300 euros de costas por todos los conceptos que han acarreado sus alegaciones y señala que el auto es firme y que contra el mismo no cabe recurso. La Generalitat deberá contestar la demanda en el plazo de diez días.

Los dirigentes del PPCV recurrieron a los tribunales, como publicó este periódico, después de que el Consell aprobara el 24 de febrero el presupuesto de la Corporación para 2017. Los presupuestos de la Generalitat para el actual ejercicio -que incorporan los del sector público de la administración autonómica- se aprobó el pasado mes de diciembre de 2016. Y lo aprobó Les Corts, no el Consell, que lo que hizo fue dar luz verde al anteproyecto y remitirlo al Parlamento.

El PP valenciano entiende que el Consell puede aprobar el presupuesto de una firma del sector público en el caso de que esta se ponga en marcha en ese ejercicio. Así ocurrió, de hecho, con el presupuesto de la CVMC para 2016. Fue el Consell, y no Les Corts, quien aprobó su contabilidad para el año presupuestario en curso. Pero hizo lo mismo con el de 2017. Y ahí viene el problema. Los populares consideran que el mismo argumento que justifica que el Ejecutivo diera luz verde a las cuentas de la futura televisión para 2016 es el que impide que esa situación se repitiera en 2017.

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