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J. Molano / A. Cervellera
Viernes, 2 de marzo 2018, 00:43
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Las acusaciones de incompatibilidad hacia uno de los miembros del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) llevaron ayer a la dirección de À Punt a pedir al secretario la redacción de un informe para aclarar la polémica.
Vicent Vergara, consejero de la corporación a propuesta del PSPV, podría haber incurrido en una incompatibilidad al figurar como apoderado de la Cartelera Turia desde el año 2000 hasta el día de hoy, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Además, Vergara dejó el puesto de administrador único de la sociedad un día después de acceder al Consejo Rector. Un puesto que fue ocupado por su mujer, Milagros Belinchón, como acreditó el propio consejero a LAS PROVINCIAS. La ley que regula la CVMC es clara al respecto, impide que uno de los miembros del Consejo Rector o sus familiares formen parte de órganos de administración de sociedades privadas. Una irregularidad que pondría incluso en duda el puesto de Empar Marco, directora general de À Punt, ya que Vergara fue el encargado de evaluar y defender el proyecto de la excorresponsal de TV3 ante el resto de la dirección del ente.
PP y Ciudadanos ya denunciaron la incompatibilidad y exigieron la destitución del consejero. Esta situación llevó a Vergara, asesorado por sus abogados, a presentar un informe que explicaba que cesó como administrador único de la Publicaciones Turia S.L., pero que obviaba su permanencia como apoderado, por lo que entiende que no existe ninguna incompatibilidad para que pueda desarrollar el cargo de miembro del Consejo Rector.
El consejo rector de la CVMC dio por bueno el informe presentado por Vergara y fue tajante al respecto: «no incurre en ninguna de las incompatibilidades que establece la ley de Creación» de este ente. Una situación de la que ahora parece dudar dado que se ha puesto en marcha otra investigación para conocer otro punto de vista.
Se trataría de la segunda incompatibilidad que se da en el órgano de administración de À Punt. La representante sindical María Dolores Navarro, como publicó este diario el pasado abril, desempeñó de manera simultánea su puesto como consejera con otro de alta dirección en UGT. El consejo negó la ilegalidad mediante un informe del secretario Ferran Bargues. Sin embargo, el pasado 30 de diciembre la ley sufrió una modificación en ese sentido que se publicó en el DOGV. En el artículo 15 de la ley de la CVMC desapareció la incompatibilidad de ser miembro del Consejo Rector con el ejercicio de funciones de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales y se mantuvo sólo serlo en partidos políticos.
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