Puig pide a Montoro que abone ya 1.500 millones de la liquidación de 2016

Los integrantes de la comisión de seguimiento del sistema de financiación, ayer. / irene marsilla
Los integrantes de la comisión de seguimiento del sistema de financiación, ayer. / irene marsilla

El presidente reclama que el nuevo modelo de financiación esté listo antes de que finalice enero, al margen del problema catalán

F. RICÓS VALENCIA.

Unanimidad. Es la palabra que destacó la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, de la reunión celebrada ayer en el Palau de la Generalitat entre miembros del Consell, portavoces parlamentarios, representantes de la patronal, sindicatos, universidades y de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias como integrantes de la comisión mixta de seguimiento de la reforma del sistema de financiación. Aunque la novedad la aportó el presidente, Ximo Puig, que demandó dos cuestiones: que en lo que resta de enero quede resuelto el nuevo sistema de financiación y, sobre todo, que el Gobierno pague ya los 1.500 millones de euros de la liquidación de los presupuestos de 2016 y no se espere al mes de julio, como hasta ahora siempre se ha hecho porque es preceptivo por ley, para abonarlos al Ejecutivo valenciano.

«Son recursos que tiene el Estado y que son de los valencianos y sin ellos no podemos pagar a tiempo a proveedores ni a empresas», afirmó el jefe del Consell para justificar la reclamación.

El encuentro duró alrededor de hora y media y durante ese tiempo Puig no hizo mención de la reclamación de esos 1.500 millones de euros que sí efectuó durante su comparecencia ante los medios de comunicación. Se trata de un dinero que el Consell «sabe que lo tiene a su disposición para gastar este 2018 y que lo va a recibir en julio porque es lo que marca la ley que aprobaron los socialistas», recordó el portavoz parlamentario de Economía del PPCV, Rubén Ibáñez.

Puig aseguró, respecto al dinero de las entregas a cuenta que el Gobierno va a detraer a la Generalitat por no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, que «no vamos a permitir la amenaza y el chantaje ni aceptar más recortes. No solo queremos los 353 millones, sino que queremos los 1.500 millones de euros de la liquidación de 2016». Y reclamó «que se haga justicia con esos recursos que son de los valencianos y no tenemos que esperarnos hasta julio».

Puig pidió al Gobierno que «cumpla con sus compromisos» para «ganar tiempo» y ponga en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica, que lleva cuatro años de retraso, «antes de que se cumpla un año de la conferencia de presidentes autonómicos», celebrada el 17 de enero. «Sería muy bueno que en enero se tomara la decisión para no perder tiempo», insistió.

El presidente señaló que «no se puede continuar con esta dinámica de estancamiento» del Gobierno que «no fija una posición sobre las propuestas para el cambio del sistema de financiación». Además, reiteró algo en lo que ya insistió la semana pasada: que el problema catalán no debe de ser óbice para afrontar el nuevo modelo de financiación, lo contrario de lo que han estado defendiendo durante los últimos días los dirigentes del PP. «El problema territorial de España no es Cataluña», incidió Puig, «y la financiación es clave para solucionar los problemas de España».

El jefe del Consell aseguró que «si tuviéramos los recursos que nos corresponden no creceríamos un 4 %, sino más, y se hubieran generado más de 190.000 puestos de trabajo y de mayor calidad».

Puig indicó que se habían entregado dos informes a los asistentes a la reunión, uno del comité de expertos de Les Corts, que actualiza el presentado en 2013, y otro, el del comité técnico de permanente evaluación.

En este sentido, el representante del PP, Rubén Ibáñez, -asistió junto al portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó- afeó que se trataba de unos informes que se habían entregado el 23 de noviembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera durante la negociación del nuevo modelo de financiación y que, por tanto, se los podrían haber hecho llegar a ellos antes para «poder haber realizado aportaciones».

Rubén Ibáñez quiso poner en evidencia el modelo de financiación que plantea Puig podría «dilatar su aprobación» ya que pretende una modificación de la Ley del IVA para que las comunidades puedan tener autonomía en algunos tramos de este impuesto, y, sobre todo «se tendría que modificar la Constitución para que las comunidades forales contribuyan al sistema», como reclama el presidente.

El portavoz popular indicó que, según los expertos, al nuevo sistema habría que inyectarle 13.000 millones de euros, «algo imposible sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado», y que el PP estuvo gobernando la Comunitat entre 2009 y 2015 con 30.000 millones de euros menos.

También afeó a Puig que hable de chantaje a la Comunitat cuando el delegado del Gobierno reclamó, en especial al PSPV, que negociase con el PP para aprobar las cuentas estatales de 2018 -están prorrogadas las de 2017- «cuando la realidad es que cuando ha habido un PGE la Comunitat Valenciana ha salido ganando. Y no cuenta que el año pasado, cuando se aprobaron los PGE, la Comunitat recibió 381 millones más de lo que tenía marcado el Presupuesto de la Generalitat», dijo.

Tampoco quedó muy contento el portavoz de Economía de Ciudadanos, Tony Woodward. El representante naranja dijo que salían «decepcionados» de la reunión, y que son «pesimistas» respecto a que en 2018 entre en vigor un nuevo sistema de financiación autonómica.

El síndico socialista, Manolo Mata, aseguró que «el dramatismo de los números es el de las personas que no tienen los recursos necesarios para disponer de una Sanidad, una Educación y unos Servicios Sociales de calidad» y dijo que «cuando el PP habla de cifras y normaliza el recorte ahora en 353 millones de euros en las entregas a cuenta se olvida de que detrás de cada uno de esos euros hay personas». Fran Ferri, de Compromís, incidió en los «chantajes, incumplimientos y excusas del PP» y que a ese partido sólo le preocupa «la silla de Rajoy. Y Estañ, de Podemos, concluyó que «el problema es político».

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