El PSPV culpa a la dirección de À Punt del desequilibrio en sus bolsas de trabajo

Jorge Rodríguez, portavoz del PSPV y presidente de la Diputación de Valencia, indicó que la responsabilidad de este proceso «no es de los diputados», sino del Consejo Rector de la CVMC. Rodríguez recalcó que los partidos en Les Corts lo que han conseguido ha sido crear «por primera vez» una televisión pública «despolitizada». «Es la primera vez en la historia que la televisión pública no quiere concebirse como un brazo armado del Palau de la Generalitat», manifestó el portavoz socialista. «A partir de ahí, ya es el Consell de la RTVV el que ha regulado las bolsas, por lo que entiendo que la responsabilidad no será de los diputados, que no son quienes las han hecho», indicó Rodríguez.

Las declaraciones de Rodríguez son las primeras reacciones tras las críticas de Marco. La directora de À Punt aseguró en una entrevista a eldiario.es que «quien ha intentado» que los extrabajdores no copen el 100% de las bolsas de trabajo ha sido ella. «Que me expliquen los diputados qué han hecho para que no sea así» subrayó Marco al periódico digital. Estas palabras fueron una respuesta a los partidos políticos que firmaron el Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos), que la semana pasada pusieron en duda el método de selección de trabajadores.

Las valoraciones de Rodríguez no fueron las únicas declaraciones sobre la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión que tuvieron lugar ayer. Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts y vicesecratio general de los socialistas valencianos, señaló en una entrevista a EFE que «cuesta entender» que en las bolsas de trabajo temporales de À Punt haya una presencia «aplastante» de extrabajadores de RTVV, pero opina que esto «a lo mejor sirve» para que el consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, órgano independiente al que «nadie puede condicionar», «tome decisiones» sobre las contrataciones definitivas. La selección de personal para la reapertura de la radiotelevisión también se ha puesto en duda por parte de la Unió de Periodistes, que ha criticado duramente este proceso e incluso ha presentado un recurso a los tribunales en el que pide la paralización temporal del proceso al considerar que se han vulnerado principios constitucionales.