El PSPV adjudica 263.000 euros a una firma salpicada por pagos en B

La concejal de Deportes, Maite Girau. :: /IRENE MARSILLA
La concejal de Deportes, Maite Girau. :: / IRENE MARSILLA

La Concejalía de Deportes ha dado ocho contratos a la empresa Castellonense de Contadores

A. RALLO / F. M.Valencia

El PSPV en el Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado 263.000 euros durante esta legislatura a la empresa Castellonense de Contadores, una firma que aparece en la documentación que ahora investigan cuatro juzgados de España por la presunta financiación ilegal del PSPV y el Bloc. Se trata de ocho contratos menores -se pueden adjudicar sin la necesidad de sacar el servicio a concurso- y que al ser de obras pueden llegar a los 50.000 euros, IVA aparte. Destaca, además, el hecho de que Castellonense de Contadores o la denominación que también emplea Canalizaciones Civiles se diera de alta como proveedor del Ayuntamiento en el año 2015, justo cuando se produce el cambio en el Consistorio y la llegada del tripartito al Gobierno local (PSPV, Compromís y València en Comú).

Todos los contratos analizados corresponden a la Concejalía de Deportes que encabeza Maite Girau, la edil que disputó el liderazgo del partido en la ciudad a la portavoz municipal, Sandra Gómez. Los servicios son actuaciones en instalaciones deportivas. Por ejemplo, los dos de mayor importe, alrededor de 59.000 euros con IVA, son para la mejora de los vestuarios del estadio del Turia y la reparación de la cubierta del polideportivo de la Malvarrosa. También aparecen contratos de mejoras en el polideportivo del Cabanyal o en el velódromo Luis Puig, entre otros.

El PP denuncia que la empresa se dio de alta como proveedor el año del cambio de Gobierno

El Partido Popular exigió ayer una explicación al alcalde de Valencia, Joan Ribó, y a la dirigente socialista, Sandra Gómez. «Deben asumir la responsabilidad política y aclarar los motivos por los que se contrató a esta empresa que aparece en la trama de la financiación del PSPV y Bloc en los correos y en las facturas como presuntamente pagadora de actos de las campañas», según el concejal Eusebio Monzó. Los populares destacaron el sorprendente hecho de que la sociedad se diera de alta como proveedora del Ayuntamiento en 2015 cuando precisamente consigue la alcaldía el tripartito. De igual modo, el responsable popular mostró su extrañeza «porque se le adjudiquen dos contratos el mismo día de noviembre por valor de más de 119.000 euros (el 11 de noviembre por 59.300€ y por 59.748€)».

El partido exige que un responsable municipal aclare la relación exacta entre la mercantil y el Consistorio. Los populares sugieren que hay suficientes indicios que apuntan a que presuntamente hubo una vinculación estrecha entre esta empresa, que aparece en la investigación que están haciendo cuatro juzgados, y la facturación de la campaña de los socialistas. No obstante, la documentación que ahora rastrean cuatro juzgados apuntaría a que esa firma se encuentra más directamente vinculada al partido nacionalista del Bloc.

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El PP quiere aprovechar su momento político. Tras años escuchando críticas de los socialistas y de Compromís, ahora estos dos partidos comprueban cómo son ellos los que se ven en el centro de la diana y curiosamente por los mismos delitos, la financiación ilegal, que afectan a los populares.

También la Generalitat se ha visto salpicada por las contrataciones con otras mercantiles que la investigación judicial ha puesto bajo sospecha. En este caso se trata de Blauverd, una de las constructoras clave en el sistema de supuesta financiación ilegal. Se trata de una adjudicación realizada el 3 de julio de 2015 a la constructora Blauverd. El motivo, la «sustitución de alero y cubierta de fibrocemento del porche en el CEIPF La Costera de Xàtiva. El coste, de 13.196,65 euros, no parece significativo. La cantidad no es trascendente. Y la obra es la única que figura en la etapa de gobierno de PSPV y Compromís al frente de la Generalitat.

El caso que se investiga ahora partió tras aportar el PPCV documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, en las que el candidato socialista a la Generalitat era su secretario general, Joan Ignasi Pla, y Enric Morera era el líder del Bloc.

Esa documentación detalla que una empresa de comunicación, la sociedad Crespo Gomar -que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas. Los socialistas han creado ya una comisión para analizar estas controvertidas cuestiones.

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