Un programa impedirá a la Diputación fraccionar contratos con la misma firma

Un pleno de la Diputación de Valencia. / irene marsilla
Un pleno de la Diputación de Valencia. / irene marsilla

El sistema alertará cuando se adjudique a una empresa más de 15.000 euros al año en este tipo de procedimientos

F. RICOS VALENCIA.

El Gobierno ha adaptado una normativa europea a la realidad española con la que, en la práctica, se acaba con el procedimiento habitual de trocear contratos, una posibilidad que le está costando al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que tenga que rendir cuentas ante la Justicia, lo mismo que al secretario general el PSPV en la provincia de Alicante y alcalde de Xàbia, Jose Chulvi. Estas prácticas irregulares también han llevado esta misma semana a la fiscalía a abrir diligencias contra la consellera Mónica Oltra tras la denuncia presentada por el Partido Popular.

La normativa está encaminada a reducir la cuantía de los contratos menores y, sobre todo, a evitar que mediante este tipo de procedimientos se acumulen uno tras otro en la misma empresa. De esta forma se establecía una red clientelar que podía impulsar focos de corrupción.

Esa disposición, la Ley de Contratos, entrará en vigor el próximo 9 de marzo. Para adaptarse a la nueva situación, la Diputación de Valencia se ha adelantado a administraciones tan potentes como la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia y ha puesto en marcha la contratación electrónica, que le permitirá agilizar el sistema y reducir los tiempos de adjudicación de una manera notable. Se aplicará a contratos menores de 35.000 euros más IVA y el tiempo de licitación y adjudicación será «como máximo de dos meses», apuntan fuentes de la corporación. Un proceso de licitación dura una media de entre seis y ocho meses y, en ocasiones, más.

En los países de la UE prácticamente no existen contratos a dedo y los procesos son más rápidos

Hasta ahora los contratos menores eran de hasta 18.000 euros más IVA, cifra que la nueva legislación reduce a los 15.000 euros más IVA. Pero lo más relevante es que prohibe que una empresa se beneficie del troceamiento de contratos: una compañía no podrá recibir contratos menores de una misma administración por un total de más de 15.000 euros más IVA.

La contratación electrónica se aplica a contratos de menos de 35.000 euros más IVA y se considera que es un atajo «para que no se paralice la administración» mientras la mayoría de los servicios se deben adjudicar por el método tradicional, más garantista. Estos contratos pasan por el área de Intervención para ser examinados. Incluso los contratos menores de una cuantía mayor a 5.000 euros se ven ahora fiscalizados por el órgano de control, una supervisión que antes no se producía.

En los países de la UE prácticamente no existen contratos menores, y sin embargo, el procedimiento de adjudicación es mucho más ágil que en España.

En la corporación provincial, por ejemplo, se ha tardado año y medio en renovar la flota automovilística. El servicio de mantenimiento se encuentra año y medio paralizado por la interposición de recursos, según apuntan desde la Diputación. Estos dos asuntos han llevado una tramitación habitual, pero han tardado más de lo deseable para los administradores. La contratación electrónica está en funcionamiento desde enero de este año. La aplicación dispone de un sistema de control total por el que saltarán las alarmas cuando una misma empresa resulte adjudicataria de contratos menores por parte de una misma administración de más de 15.000 euros. Además, bloqueará ese posible contratación para atajar cualquier tipo de fraude.

El sistema cruza los datos para comprobar los negocios de una misma empresa con los diferentes departamentos de una misma administración, indicaron fuentes de la institución provincial. «Antes no había cruce de datos y ahora el sistema alerta del dinero que lleva adjudicado en contratos menores la misma empresa».

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