El presupuesto no deja margen para reformar el sistema de financiación

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. / efe/chema moya
El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. / efe/chema moya

Los 4.000 millones adicionales que prevé el proyecto para las CC AA se quedan lejos de cubrir todas las expectativas

F. M.

Las comunidades autónomas recibirán 4.000 millones más por la actualización del sistema de financiación autonómica. El anuncio lo hizo el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro en la comparecencia del martes para presentar el proyecto de presupuestos para 2018. Unas cuentas que todavía necesitan del apoyo de cinco diputados -cuenta ya con los del PP y los de Cs- para ser aprobados. Y cuya composición, en la práctica, hace que no exista margen posible para sacar adelante la reforma del sistema de financiación autonómica.

No es que el escenario político acompañe. Cataluña y el desafío independentista lo desajusta todo y sin la segunda región española en potencial económico no se puede sacar adelante la reforma de un modelo que lleva prorrogándose desde el 1 de enero de 2014. Un sistema, el aún vigente, aprobado en 2009 e inspirado en la coyuntura financiera de 2006 -y responsable de buena parte de la distorsión generada entre las regiones-.

La situación en Cataluña, aún sin Gobierno y quizá abocada a repetir elecciones, no facilita el camino. El resto de regiones ha venido pidiéndole al departamento que dirige Cristóbal Montoro que aporte luz sobre su propuesta de modelo. Pero el silencio ha sido la respuesta hasta la fecha.

El Gobierno sigue sin aclarar cuál es su propuesta de reforma de la financiación

Aumentar en 4.000 millones la dotación para el sistema de financiación autonómica -hasta alcanzar los 105.020 millones de euros-, implica limitar el margen para asumir todas y cada una de las reivindicaciones regionales. La de la Comunitat Valenciana, sin ir más lejos, estima unas necesidades adicionales de financiación del entorno de los 1.500 millones de euros al año. No hace falta ser un experto analista para concluir que de una mejora de 4.000 millones para 15 CC AA -las de régimen común-, parece francamente complicado que la Comunitat pueda optar a llevarse una cifra cercana al 40%.

El Gobierno puede alegar, y de hecho lo hace, que mantiene vivos los mecanismos de liquidez para las comunidades con dificultades financieras. Unos mecanismos que, para 2018, contarán con una cantidad de 16.500 millones de euros y que, cierto es, permiten socorrer las necesidades de liquidez de las regiones que, como la valenciana, siguen teniendo imposible salir al exterior a financiarse mientras arrastra una deuda que supera los 46.000 millones de euros.

Montoro también anunció ayer la autorización al Gobierno para que se «aprueben incentivos» que afecten a la deuda de las comunidades contraídas a través del FLA. Es decir, una reestructuración del pasivo en manos del Estado (166.000 millones en 2017) y que ya es el 57% de la deuda autonómica. Sin embargo, Montoro no detalló si esa medida consistirá en una rebaja de los intereses o alargamiento de los vencimientos, aunque sí dejó claro que sólo podrán acogerse aquellas regiones que cumplan los objetivos de estabilidad.

Y esa clave tampoco favorece a la Comunitat. Aunque por poco más de una décima -0,73%-, la valenciana no cumplió con el tope de déficit del ejercicio de 2017. Y tal y como ya le ha advertido el Ejecutivo central, tampoco ha aportado los datos presupuestarios necesarios para saber si está en condiciones de cumplir la regla de gasto -la otra gran condición que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria-. Es decir, el Gobierno valenciano se quedaría fuera de las condiciones que darían lugar a una eventual reestructuración de la deuda. Ese debate, el de que hacer con una deuda que tanto el Gobierno central como las CC AA saben que no cobrará (el primero) y nunca podrán pagar (las segundas) ya ha sido objeto de un intenso debate entre las propias regiones. La valenciana pasó de reclamar la condonación -el conseller de Hacienda Vicent Soler llegó a amenazar con no votar el nuevo sistema de financiación si no se condonaban 20.000 millones de deuda- a defender una reestructuración que, al menos con las condiciones iniciales, no alcanzaría a la Comunitat.

Una de las claves de la reforma propuesta desde la administración valenciana pasaba por una redistribución de recursos entre administraciones, de manera que el Estado percibiera menos fondos y en cambio las CC AA vieran aumentados los suyos. A la vista del proyecto presentado por Montoro, el incremento de recursos para las regiones -de 4.000 millones- da la espalda a la propuesta valenciana. Sin esos fondos adicionales, sin Cataluña en condiciones de participar en la negociación de la reforma, y con un Gobierno que cada vez parece más dispuesto a llegar a las elecciones generales con ese debate aún por abordar, las expectativas de la Comunitat -pese al incremento de recursos por la mejora de la economía- siguen siendo delicadas.

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