Presidencia arrebata a À Punt el control de los tribunales de contratación

La directora general de À Punt, Empar Marco. / damián torres
La directora general de À Punt, Empar Marco. / damián torres

El acuerdo de Hacienda, UGT y CC OO obliga a que sean las consellerias y no las empresas públicas las que vigilen los concursos-oposiciones

F. RICÓS VALENCIA.

Las futuras contrataciones en À Punt, la nueva radio televisión valenciana, ya no van a quedar en manos de la dirección de la compañía ni de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, porque pasarán a estar controlados por Presidencia de la Generalitat. El acuerdo firmado ayer entre el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y los sindicatos mayoritarios impide que las empresas públicas sean las que controlen sus propios tribunales. Será el personal de las consellerias de las que dependan las que integrarán los tribunales que vigilarán el concurso-oposición que se establecerá para poder acceder a un puesto de personal laboral.

En el caso de los medios de comunicación públicos, el departamento de la Generalitat que tiene las competencias, y por tanto del que dependerá À Punt, es Presidencia.

Con esta medida, que es de aplicación a todo el sector público empresarial, fundacional y de los consorcios de la Generalitat, no solamente a À Punt, se ha querido evitar que suceda lo mismo en las futuras contrataciones de la nueva radio televisión autonómica que con lo acaecido con las incorporaciones procedentes de las bolsas de trabajo, en la que el tribunal compuesto por la empresa fue el encargado de la selección. La inmensa mayoría de los contratados fue personal que había trabajado en la antigua Canal 9.

Sólo podrá haber un miembro de la empresa en el tribunal, actuará de secretario y no tendrá voto

El acuerdo alcanzado ayer por la Comisión de Diálogo Social y la Conselleria de Hacienda implica que la empresa afectada sólo puede tener un representante en el tribunal del concurso-oposición: el secretario, y tendrá voz, pero no dispondrá de voto. Los tribunales estarán compuestos por cuatro miembros nombrados por la subsecretaría de la conselleria correspondiente.

La incorporación de este punto ha sido, según fuentes consultadas, el principal por el que Intersindical se descolgó ayer de la firma.

El pacto afecta a los puestos de trabajo que no están fijos y a los nuevos. Se estima, según CC OO, que hay unos 1.000, a los que habrá que incorporar alrededor de medio millar más para À Punt, que es la empresa pública que más va a ver engrosadas sus filas.

La medida también afectará a todas las firmas públicas, como el IVF, Cacsa, Vaersa o FGV.

Se trata de un acuerdo que el conseller Vicent Soler calificó de «histórico», pues está encaminado a poner fin «a la situación kafkiana y opaca, regida por la arbitrariedad» que hasta ahora eran las contrataciones en el sector público empresarial autonómico.

El pacto alcanzado en la Conselleria de Hacienda obliga a que las pruebas de selección para acceder a un empleo en el sector público instrumental sean similares a las de cualquier otra conselleria, con dos diferencias: el que gane la oposición no será funcionario, sino personal laboral, y la experiencia de los candidatos tendrá más peso, un 40%, de la cual un 10% corresponderá a la formación académica. El examen, que se basará en un temario, será relevante en un 60%, y si este no se supera la experiencia no contará.

«El acuerdo va a permitir reducir la temporalidad en el sector público instrumental de la Generalitat y establecer criterios comunes de aplicación a todas las convocatorias de ofertas públicas de empleo realizadas por las distintas entidades», aseguró el conseller Soler.

«Es el acuerdo más difícil de todo lo que se ha firmado nunca en el sector público», señaló Gonzalo Fernández, secretario de Administraciones Públicas de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Con este pacto, defendió, se pretende acabar con la discrecionalidad en la contratación. Su aplicación sólo afectará a las plazas que no sean de personal fijo.

«En el conjunto del sector público instrumental existen algo más de 1.000 plazas ocupadas temporalmente, lo que sitúa la tasa de temporalidad en torno a un 20% del total de efectivos. El objetivo es reducir la temporalidad a un máximo de un 8 %», indicó Juan Cruz secretario general de la Federación de Servicios a los Ciudadanos de CC OO.

En el acuerdo se insta a las empresas y fundaciones a sacar a concurso, a través del DOGV, todas las plazas susceptibles de ser convocadas. En el sector público hay unos 6.000 empleados, según estimaciones de la Conselleria de Hacienda. y un millar se sacará a concurso. A lo largo del primer semestre de 2018 se realizará una primera convocatoria.

Para CC OO, el acuerdo garantiza la convocatoria, como mínimo, de un 40% de las plazas vacantes no ocupadas por personal fijo, que serán para promoción interna. El resto, las que permitan los Presupuestos Generales del Estado, serán de acceso libre.

Fotos

Vídeos