Podemos fuerza la tramitación de una cuestionada reforma del estatuto de expresidentes

Fabiola Meco, ayer, en Les Corts. / IRENE MARSILLA
Fabiola Meco, ayer, en Les Corts. / IRENE MARSILLA

Les Corts aprueba por unanimidad la iniciativa morada contra las prerrogativas de los exjefes del Consell a pesar de que todos los partidos critican la medida

BURGUERA

valencia. La relación de Podemos con sus socios del Botánico es digna de analizar por un psicoanalista, más que de un politólogo. Los podemistas consiguieron ayer algo muy curioso. La verdad es que no es la primera vez que el partido morado establece hitos políticos con este mismo tema, el del estatuto de los expresidentes de la Generalitat. Hace dos años menos un mes, los podemistas lograron también un voto unánime a su propuesta, pero en sentido contrario. La Cámara rechazó la modificación por unanimidad. Hasta Podemos votó en contra. Un ridículo tremendo. Ayer, gracias al empeño morado, la iniciativa se ha retomado, y logró otra vez un consenso masivo, en este caso a favor de tramitar la reforma del estatuto, si bien volvió a concitar un número de críticas tan numerosas como partidos hay en Les Corts. Podemos se quedó sólo defendiendo la iniciativa. Compromís consideró algunos aspectos de la reforma superficiales, el PSPV descalificó la iniciativa de principio a fin, Ciudadanos tampoco se mostró entusiasta y el PP auguró a la tramitación una suerte funesta.

El pleno aprobó el proceso para modificar la ley del estatuto de los expresidentes de la Generalitat. Algún destacado diputado auguró que es posible que los trámites no hayan finalizado antes de acabar la legislatura. Y luego, tras las elecciones, ya veremos. A tenor del modo en que la iniciativa fue pasada por la quilla parlamentaria, es posible que, de aprobarse, sea sustancialmente retocada, lo que podría abocar a un nuevo voto negativo y masivo. En cualquier caso, la reforma establce que los expresidentes ya no serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu, CJC, (pasarían a formar parte del Consejo Económico y Social, CES, durante cinco años), perderían privilegios como el servicio de asesoría o el coche oficial, y se regularían mecanismos de retirada de derechos en caso de condena por un delito contra la administración pública.

Los condicionantes son variados, pero susceptibles de ser modificados en la tramitación. Compromís, el que parecía más cercano a Podemos ayer, señaló que eliminar prerrogativas como la oficina para cada expresidente le parecía un asunto «primario», y que el fondo de la cuestión es qué papel institucional deben jugar los que fueron jefes del Consell. En este sentido, Mireia Mollà admitió que hace dos años hubo un tremendo desencuentro y que ahora todos son más proclives a tramitar la reforma tras recibir José Luis Olivas una condena, estar Francisco Camps imputado y Eduardo Zaplana encarcelado preventivamente. Sin embargo, la diputada de Compromís desveló que el problema, el nudo gordiano es, como suele pasar, el dinero, y que dotar a los expresidentes de una asignación, o dejarles sin ella, fue lo que provocó que hace dos años el PP y PSPV rechazasen reformar el estatuto. El socialista Manuel Mata admitió su incomodidad respecto a esta norma, y como antes Mollà advirtió que legislar en virtud de casos concretos (como los de los expresidentes citados) era un error. Advirtió Mata de que hay que buscar un modo de compensar a los expresidentes, en general, sin concretar, por su papel institucional, mientras que el PP, por boca de Alfredo Castelló, consideró que la intención podemista, tanto en este caso como en su proceder habitual, es cargarse a las instituciones y a quien las representan, lo que provocó un virulento debate con la podemista Fabiola Meco.

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