El Consell aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública

Reunión del Consell. /Efe
Reunión del Consell. / Efe

Contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el llamado 'Libro violeta'

LAS PROVINCIAS
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El pleno del Consell ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de la Función Pública Valenciana elaborado por la Conselleria de Justicia, que tiene como objetivos la independencia de los empleados público y lograr la máxima eficiencia en los trámites administrativos.

Según ha informado la consellera Gabriela Bravo después del pleno del Consell, celebrado en Vinaròs antes del seminario de invierno del Gobierno valenciano que tendrá lugar hasta el domingo en Benicarló, este anteproyecto quiere solventar los problemas detectados por una comisión de expertos conformada en marzo de 2016.

También contempla las recomendaciones sobre igualdad entre hombres y mujeres recogidas en el llamado "Libro violeta de la Función Pública Valenciana", elaborado por representantes del mundo universitario y expertos en perspectiva de género.

Esta Ley, según Bravo, responde a la necesidad de modernizar la Administración adaptada al siglo XXI, con pretensiones de "permanencia", y para ello se buscará el consenso de todas las formaciones representadas en Les Corts y se abrirá una negociación con los representantes sindicales.

Derechos y deberes de las plantillas

El anteproyecto se estructura en varios ámbitos de actuación que afectan a la organización de la Administración de la Generalitat: el régimen para el personal de las Administraciones Públicas; la estructura y ordenación del empleo público; el acceso a la Función Pública; los derechos y deberes de las plantillas; la provisión de puestos y movilidad de los trabajadores y las políticas para garantizar la igualdad de sexos.

Se creará además la Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública, que será un órgano colegiado de coordinación entre la conselleria competente en Función Pública y los órganos gestores del personal de Sanidad, Educación y Justicia, así como del sector público instrumental de la Generalitat.

Para ello, cobrará especial relevancia la función del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP), que se convertirá en la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP).

Este organismo, que tendrá rango de Dirección General, será quien garantice la "objetividad, imparcialidad y profesionalidad" de los procesos selectivos de todos los organismos de la Generalitat.

Recoge asimismo que los puestos directivos de las Administraciones Públicas podrán ser provistos por su propio personal funcionario o laboral o bien por profesionales externos bajo las circunstancias que se contemplan en la ley.

Drástica reducción del número de cuerpos y escalas

Contempla también una drástica reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, que pasan de los 201 cuerpos, escalas y agrupaciones funcionariales que existen en la actualidad a 76.

La nueva ley desvincula la provisión de puestos de la pertenencia a un cuerpo o escala, de tal modo que los puestos quedan abiertos a todo el personal que reúna los requisitos para poder desempeñarlo, y las relaciones de puestos de trabajo incluirán la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano, que será "proporcional a las características y necesidades del cargo".

Además se reducen los plazos de los procesos de selección del personal (de un año a contar desde la convocatoria), e incluye ayudas a fomentar la preparación de oposiciones a los aspirantes a personas sin recursos para ello.

Medidas contra la corrupción

El anteproyecto incorpora también medidas para luchar contra la corrupción y establece un régimen de protección del personal empleado público que, de buena fe, formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier tipo de irregularidad en actuaciones de altos cargos o personal de la Administración.

Respecto a las medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, establece propiciar un uso no sexista del lenguaje, y la prohibición de la discriminación directa o indirecta en materia de derechos individuales, tanto en la retribución como en la formación.

Permiso de paternidad de seis semanas

En cuanto a la conciliación, el permiso de paternidad se ampliará en dos semanas (de cuatro a seis) y no se podrá producir la remoción o cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o en permiso de maternidad o paternidad, una previsión aplicable también a las víctimas de violencia machista.

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