'Piolín', secreto de Estado

El barco atracado en Barcelona, con los personajes de Warner ocultos tras lonas. / Albert Gea / REuters
El barco atracado en Barcelona, con los personajes de Warner ocultos tras lonas. / Albert Gea / REuters

El Gobierno declara «materia reservada» el despliegue policial en Cataluña y niega cualquier dato sobre el tema al Parlamento

MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID.

Ni el número de policías y guardias civiles. Ni el coste de sus sueldos, dietas y alojamientos. Ni cuánto tiempo está previsto que los agentes de Interior sigan en Cataluña. Ni la fórmula administrativa para pagar el despliegue. Tampoco cuánto cuesta el alquiler de los barcos de los puertos de Barcelona o Tarragona. Ni siquiera saber quién dio las órdenes del cuestionado operativo el 1-O que acabó con las cargas policiales. Nada. Ni una respuesta. El Gobierno ha declarado el despliegue policial en Cataluña contra el órdago secesionista «materia reservada» y está negando de forma sistemática al Parlamento cualquier información sobre este multimillonario operativo que cumple su segundo mes de vida. Alega razones de seguridad nacional para no revelar ni el más mínimo dato oficial.

Los intentos del Congreso y, sobre todo, del Senado por conocer detalles sobre la denominada 'operación Copérnico' están encontrándose con la misma respuesta: materia secreta. Según la decena de documentos en poder de este periódico remitidos a la Cámara alta, el Ministerio del Interior y Moncloa están respondiendo que el Ejecutivo ha decido que todo lo que tiene que ver con ese despliegue se acoja al «acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986», que permite al Gobierno otorgar a «determinados asuntos y materias» la «clasificación de reservado», siempre que sean «planes de seguridad de instituciones y organismos públicos».

Unos 6.000 agentes

Los documentos del Ejecutivo insisten en negar cualquier información al considerar que el «planeamiento, preparación o ejecución» del dispositivo policial en Cataluña afectan a la seguridad nacional y que, por lo tanto, tiene el derecho de hurtar al Parlamento todos los «documentos, acuerdos o convenios» relativos a esta operación que, según fuentes siempre no oficiales, ha provocado el traslado a Cataluña de cerca de 6.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados fuera de esa comunidad, más otros tantos en plantilla en Cataluña.

«La difusión de la información relativa a la estructura, organización, medios y técnicas reflejadas en los planes de seguridad además de vulnerar la normativa reguladora de materias clasificadas, puede afectar a la eficacia de los mismos», zanja el Ejecutivo en sus 'no respuestas' oficiales al legislativo.

Las preguntas en el Senado, sobre todo de PDeCAT y Podemos, son, entre otras: «¿Quién dio órdenes de golpear y maltratar a los ciudadanos el 1-O?»; «¿Qué coste económico total ha tenido esta operación de despliegue policial y militar en Cataluña?»; «¿Cuántos agentes se han hospedado en los cruceros destinados a sitiar la ciudad de Barcelona?»; «¿Cuánto ha costado a Interior cubrir con lonas los dibujos de Piolín y Silvestre en el ferry?».

En teoría, la decisión de considerar «materia reservada» el despliegue podría abrir la posibilidad de que pudiera ser pagado con fondos reservados. Sin embargo, desde Interior aseguran de manera tajante que todo el despliegue está saliendo de «créditos extraordinarios» que Hacienda ha concedido al departamento que dirige Juan Ignacio Zoido desde que comenzara la crisis catalana.

Las cifras conocidas hasta ahora son muy parciales. Según informó 'El Español', poner en marcha el despliegue costó 31.776.643,41 euros, superados ya con creces: 20,4 millones en sobresueldos por productividad y dietas extras a policías (11,2) y guardias civiles (9,2) trasladados y otros 11,2 en compensaciones por las jornadas maratonianas de la plantilla y alquiler de barcos y hoteles.

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