EU pagó de la corporación provincial a un abogado por defender a Sanz y Blanco

Ignacio Blanco y Rosa Pérez, en abril de 2015. / irene marsilla
Ignacio Blanco y Rosa Pérez, en abril de 2015. / irene marsilla

Los 847 euros que cobró el letrado los incluyó la diputada Pérez Garijo en los gastos de grupo pese a que sus compañeros no formaban parte de la institución

F. RICÓS

valencia. El grupo de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia pagó a finales de 2015 la factura de un abogado contratado para defender a los dirigentes de esa coalición Marga Sanz e Ignacio Blanco, y a la diputada provincial Rosa Pérez Garijo, de una querella, a pesar de que ni Sanz ni Blanco formaban parte de la institución provincial.

Así consta en el documento titulado Libros y Balances del grupo de EUPV de la Diputación de Valencia, donde se incluye el Libro Diario y el Libro Mayor.

Se trata de una factura que asciende a 847 euros que va dirigida a la sede de EUPV, sita en la calle Borrull. Está fechada el 28 de diciembre de 2015, como publicó ayer La Razón. Entonces, la diputada provincial de EU, Rosa Pérez, había conseguido repetir en el cargo, mientras que tanto Marga Sanz como Ignacio Blanco, que había encabezado la lista de la coalición a Les Corts por la circunscripción de la provincia de Valencia, se habían quedado fuera del parlamento autonómico valenciano.

La coordinadora de EU afirma que Pérez les dijo que cargar la factura a la Diputación «era posible»

Pérez Garijo, que en el anterior mandato, de 2011-2015, formaba parte activa de la oposición al gobierno provincial del PP, en el actual se incorporó al pacto de izquierdas entre el PSPV, Compromís y València en Comú, convirtiéndose en vicepresidenta cuarta y diputada delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica. El asiento de los 847 euros consta el 28 de diciembre de 2015, pocos meses después de que Rosa Pérez se integrase en ese equipo de gobierno liderado por el PSPV y Compromís.

En la factura que consta en el documento titulado Libros y Balances del grupo de EUPV de la Diputación de Valencia, se señala el nombre del abogado, se indica que la minuta es la 036 y en el apartado «concepto» indica que es «por la defensa jurídica y asistencia a las declaraciones en calidad de querellados de Rosario Sanz Alonso (Marga Sanz), Rosa Pérez Garijo e Ignacio Blanco Giner ante el juzgado de instrucción número 5 de Valencia, procedimiento de diligencias previas PA 2837/2015. Así como por la asistencia al acto de conciliación número 107/2015 del juzgado de primera instancia número 6 de Valencia».

Se indica también en la factura que la base imponible es de 700 euros, a lo que hay que sumar un 21% de IVA, lo que elevan a 847 euros el total de la factura que el grupo de EU de la Diputación pagó por los servicios de un abogado prestados a tres personas, dos de las cuales no formaban parte de la corporación provincial de Valencia.

La querella contra los tres dirigentes de EU la interpuso Bulevar del Arte y la Cultura, concesionaria de la Rambleta, tras una rueda de prensa en la que Rosa Pérez, acompañada por Ignacio Blanco, denunció presuntas irregularidades en la construcción y explotación del centro cultural, relacionadas con el caso Taula. Esta denuncia contra los representantes de EU fue archivada en enero de 2017.

La que entonces era coordinadora de EU, Marga Sanz, aseguró a LAS PROVINCIAS que a ella la incluyeron en la querella por ser la máxima dirigente de la coalición. Sobre el hecho de que sea la Diputación la que pague la factura del abogado, Marga Sanz señaló que la diputada provincial «nos comentó que entraba dentro del reglamento y que era posible asumirlo».

Desde la coalición deslizaron que la denuncia contra EU debería de haberse dirigido exclusivamente contra Rosa Pérez porque fue la que realizó las acusaciones de presuntas irregularidades en la Rambleta y que Marga Sanz ni siquiera estaba presente cuando la diputada provincial ofreció aquella rueda de prensa y ni siquiera fue a declarar. Fuentes de EU en la corporación provincial indicaron que lo lógico es que si la denuncia del caso Taula, del que colgaba el denominado caso Imelsa, partió del grupo de EU en la Diputación lo normal es que sea el grupo el que se hiciera cargo de pagar la defensa si se presentaba una querella contra la denunciante.

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