Oltra se escuda en los técnicos para defender los contratos a familiares de dirigentes de Compromís

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer. / EFE
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer. / EFE

La vicepresidenta indica que los interventores aprobaron adjudicar por separado a una firma y a su dueño para el mismo servicio

BURGUERA VALENCIA.

Todo es legal. Así defendió ayer la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, el modo en que desde la Diputación de Valencia se contrató a una empresa para prestar un servicio que, tres meses más tarde, fue también adjudicado a dedo a un particular que, en realidad, era el administrador de esa misma empresa y que, además, es hermano de un político de la coalición nacionalista que, al menos en uno de los periodos de contratación, ejerció de asesor de Cultura en la corporación provincial de la que depende el MuVIM, museo donde se prestó el servicio.

«La contratación menor está prevista en la ley, por lo tanto no choca con el Código de Buenas Prácticas. Son adjudicaciones que se dan en función de las cuantías. El contrato menor tiene una regulación propia, en el sentido de que se establece el mejor precio después de, al menos, contar con tres presupuestos diferentes. No creo que choque», indicó la vicepresidenta Oltra al ser preguntada, tras el pleno del Consell, por las adjudicaciones realizadas en el ámbito de competencias del área de Cultura de la Diputación, un departamento que dirige Xavier Rius, portavoz provincial de Compromís y colaborador de Oltra en el pasado.

La portavoz del Consell advirtió a continuación de que «no entro al detalle en la tramitación de los contratos de otra administración (la Diputación de Valencia). Lo que sí sé, por lo que he leído en prensa, es que la contratación menor ha pasado todos los filtros de la Intervención. Hay filtros y control de legalidad para no llegar a una situación de ilegalidad. En todo caso, por lo que yo sé, Intervención ha hecho todos los controles y quien es el encargado de dar el visto bueno a la contratación ha dicho que está bien. A partir de ahí no sé más y son empresas y personas que han trabajado desde 2005 con Diputación, con los mismos parientes que tenían entonces y tienen ahora. No desde 2015 (a partir de que gobierna la izquierda la Diputación), sino desde 2005 (cuando el PP dirigía la corporación provincial)... y si el interventor dice que está bien, la empresa tiene experiencia, no tengo mucho más que decir. Parece que está todo correcto».

La Diputación contrató correlativamente a la firma y a su dueño por el mismo servicio entre 2015 y 2017

Oltra eludió, de esta manera, una polémica que ha provocado que el PP haya reclamado el expediente de contratación con el fin de acudir a los tribunales por sospechar que la tramitación de las adjudicaciones puede albergar alguna ilegalidad. Igualmente, desde Ciudadanos se ha considerado que las sucesivas contrataciones entre 2015 y 2017 de una empresa, Somnis, y de su administrador, Francisco Ramón Paul, hermano del que durante un año fuera asesor de Rius en uno de los periodos en los que se tramitaron contratos correlativos con la peculiar fórmula (primero a la empresa y luego a un particular que, en realidad, es el administrador de esa misma firma) es merecedora de celebrar una junta de portavoces donde se aclare qué ha pasado.

Desde la Diputación de Valencia, el pasado jueves, ya se emitió un comunicado en la que en reiteradas se indica que la tramitación se realizó «a propuesta de la dirección del museo», que corre a cargo de Rafa Company. Igualmente, la nota recalca que la contratación se realizó «con todas las supervisiones legales preceptivas antes de la firma. Es decir, cuenta con el visado del técnico contable, la propuesta técnica de la dirección del museo (MuVIM) y la fiscalización de la intervención pública».

Lo complicado para los interventores de la Diputación de Valencia era saber que Francisco Ramón Paul, la persona que aparecía como la beneficiaria del contrato menor (a dedo), posterior al adjudicado a la empresa Somnis, es el administrador de esta firma que, ciertamente, lleva trabajando para el MuVIM desde los tiempos en que Imelsa servía para contratar a personal del museo. También es complicado que los interventores supiesen que el administrador de Somnis es hermano de Juanma Ramón, que ejerció de asesor de Rius durante un año.

Oltra y Rius, «uña y carne»

Oltra evitó ayer entrar en disquisiciones sobre lo ético y estético que hace un par de años si empleó para cuestionar el contrato como nuevo gerente de Egevasa del marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que finalmente renunció al puesto. La relación de la vicepresidenta con Montón no es igual que la que mantiene con Rius. El diputado de Cultura de la Diputación relató en una entrevista a un medio digital ('valenciaextra.com') que durante «la legislatura pasada estuve tres años trabajando con Mónica Oltra, eramos como uña y carne», de tal modo que es hasta cierto punto lógico que la vicepresidenta dé un voto de confianza a su compañero en la coalición.

«En cuanto a las cuestiones que de manera interesada han surgido relacionando la empresa con uno de los asesores de la Diputación, remarcar y aseverar que nada tiene que ver en este proceso de contratación», señalan desde la corporación sobre una serie de adjudicaciones que, entre 2015 y 2017 han supuesto, según fuentes del PP, que se hayan desembolsado más de 70.000 euros por servicios externos en el MuVIM, adjudicados a Somnis y su administrador y pagados tanto a la empresa como al hermano del ahora teniente alcalde de Paterna o a su cuñada.

Un decreto de la Diputación fechado el 29 de diciembre de 2015 resolvió aprobar la contratación del «servicio de visitas guiadas de la exposición» por un presupuesto de 16.747 euros, durante 15 días de ese mes de diciembre y el primer trimestre de 2016. «Atendido el informe de la Dirección del MuVIM», según el decreto, se encargó a Somnis. En junio de 2016 se aprobó el pago de facturas emitidas por Francisco Ramón por ese mismo servicio.

El 28 de febrero de 2017 se resuelve otro decreto con un presupuesto de 17.775 euros, sin IVA (al borde del tope legal de los contratos menores, 18.000 euros), por un periodo de tres meses. De nuevo la Diputación se decanta por Somnis. Igualmente, el 3 de julio del año pasado, un decreto del Xavier Rius resuelve la contratación a favor de Francisco Ramón por un periodo de tres meses más, con un presupuesto de 17.775 euros. Cuando posteriormente se ha sacado por fin a concurso este servicio, la empresa anteriormente adjudicataria a quedado la quinta de las seis empresas que optaron.

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