Oltra desautoriza a Soler y duda de que el Palau vaya a tutelar À Punt

Empar Marco, directora general de À Punt. / damián torres
Empar Marco, directora general de À Punt. / damián torres

La vicepresidenta califica de mero «preacuerdo» el pacto firmado entre Hacienda y los sindicatos y no cree que afecte a todo el sector público

F. RICÓS VALENCIA.

El acuerdo alcanzado este jueves entre el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, para eliminar la decisiva presencia de las empresas públicas en los tribunales que dirimen sus contrataciones de empleados y sustituirlas por personal de las consellerias de las que dependen, no ha sentado demasiado bien a la vicepresidenta y portavoz del Consell. Mónica Oltra ha tratado de minimizar el pacto alcanzado el jueves por los dos sindicatos mayoritarios y el conseller de Hacienda, que Vicent Soler calificó de «acuerdo histórico», y que la vicepresidenta tildó ayer de «preacuerdo» que «todavía tiene que pasar por mesa de negociación», a pesar de que ya ha superado esa mesa de negociación de la Comisión de Diálogo Social, según fuentes sindicales.

El acuerdo firmado supone regular el acceso las contrataciones de empleados en las empresas públicas acercándolo al nivel de los funcionarios, mediante un concurso-oposición. Para evitar la acción del amiguismo se aprobó que la composición de los tribunales que controlarán esas contrataciones la formen cuatro miembros, uno de ellos puede ser de la empresa, pero sin voto y actuaría siempre como secretario. El resto procederá del organismo superior del que depende la empresa, una conselleria, y en el caso de À Punt, el área de Presidencia de la Generalitat. Tanto la oposición como los sindicatos -estos con la boca pequeña-, y también el PSPV, se han quejado de que el personal que ha contratado À Punt de las bolsas de trabajo para ponerse en marcha proceden en su inmensa mayoría de la antigua RTVV. También han criticado la cercanía de la actual dirección de À Punt con Compromís.

La forma de recomponer los tribunales, en el caso de la nueva RTVV, dejaría a la actual dirección fuera de juego para contratar y recaería el control en el entorno de confianza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

«À Punt es uno más», indicó la vicepresidenta, en referencia a que es una más de las empresas del sector instrumental. «Estamos en una fase tan incipiente que adelantarse no me parece útil», dijo. Instó a esperar para «ver si afecta a todo el sector público o si el nombramiento (del tribunal) en À Punt se hará de forma diferente». No obstante, hizo hincapié en que «el deseo de asepsia sigue estando, y también que se haga realidad».

El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, minimizó el alcance del pacto. «Se trata de unas recomendaciones que buscan fijar criterios comunes respetando la autonomía de cada organismo», señaló. «En el caso de À Punt, sus funciones recogidas en la ley no se ven afectadas» por el acuerdo, dijo e incidió en que la ley blinda su independencia. Alabó que los criterios aprobados por Soler y los sindicatos vienen a poner orden tras décadas de caos en el sector público.

Para el popular Jorge Bellver, «el nombramiento del tribunal por Presidencia deja en evidencia la lucha por el control de À Punt entre Puig y Oltra». «Ahora se demuestra que todo era una pose. Conociendo el carácter intervencionista de este Consell y su imposición ideologizante, todos sabíamos quién estaba detrás. Es muy grave que sea Presidencia y Puig quien decida el órgano de contratación para poder así tener el control de un medio que en estos momentos está bajo el paraguas de Oltra y Compromís», dijo.

Y Ciudadanos ha pedido la comparecencia del conseller Soler en Les Corts para que explique el acuerdo con los sindicatos.

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