La nueva Imelsa solicitó doce informes antes de aprobar los nombramientos

El presidente de la Diputación y del consejo de Divalterra, Jorge Rodríguez. / j. monzo
El presidente de la Diputación y del consejo de Divalterra, Jorge Rodríguez. / j. monzo

Cs acude con un notario para obtener los documentos, que en varios casos cuestionan que se hicieran contratos sin concurso público

F. M. VALENCIA.

Un portavoz del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, llegó a asegurar hace pocas fechas que, en relación con los contratos de alta dirección aprobados por el consejo de administración de Divalterra, la firma heredera de Imelsa, únicamente existía un informe jurídico. Se refería, en realidad, al elaborado por el secretario de la empresa pública, Jorge Cuerda, y que sirvió de soporte legal para que se aprobaran esos dos nombramientos -en el consejo del pasado 19 de febrero-. Con ese comentario, el colaborador de Rodríguez trataba de restar valor al dictamen elaborado por el despacho de Tomarial, a propuesta de Divalterra, y que este diario reveló en exclusiva hace dos semanas. Este otro informe advertía de la imposibilidad de aprobar esos contratos de alta dirección, y exigía que la adjudicación de esas plazas siguieran los requisitos de publicidad, mérito y concurrencia que prevé el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La nueva Imelsa se vio obligada finalmente ayer a revelar los informes jurídicos de los que disponía en relación con los contratos en esa empresa pública. El representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando, se presentó ayer en la sede de la firma -en la calle Caballeros- acompañado de un notario. Días antes, Ochando había solicitado por escrito -como también hizo el PP- la totalidad de los informes jurídicos existentes en relación con los nombramientos de alta dirección. Finalmente, el representante de Cs se llevó un total de doce documentos, tal y como confirmó ayer mismo a este diario. Los primeros informes tienen fecha de verano de 2015 y se refieren a los nombramientos de Agus Brines como cogerente de la empresa de la Diputación y de José Luis Vera como máximo responsable del área jurídica. El propio Vera firma varios de esos documentos, aunque también los hay de Tomarial, el asesor jurídico externo de la empresa provincial, del catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia Carlos L. Alfonso, de Santiago Blanes, de la consultoría Acal, de RSM -la auditora externa de Divalterra- y dos del secretario del consejo y letrado de presidencia de la Diputación, Jorge Cuerda. Varios de los dictámenes están solicitados por la propia Brines.

El recurso al notario parece referir a la posibilidad que recoge la ley de Sociedades de Capital en su artículo 237: 'Los miembros del órgano de administración que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél'.

El PP acude hoy a la empresa después de haber solicitado los contratos de alta dirección Rodríguez ve normal solicitar informes a consultoras, pero insiste: «Vale el del secretario»

¿Y qué dicen esos informes? Fuentes cercanas a la empresa de la Diputación provincial aseguraron ayer a este diario que aunque no todos esos informes se refieren, obviamente, a los contratos de alta dirección aprobados el 19 de febrero -los de Víctor Jiménez y Lucas Ferrando (que dimitió cuatro días después)-, la mayoría de ellos ponen reparos a la posibilidad de que la empresa de la corporación provincial pudiera aprobar contratos de alta dirección, como los que finalmente se acordaron, y exigen que esas plazas se cubran a través de un concurso público y que se sigan los requisitos de publicidad, mérito y concurrencia.

Rodríguez los defiende

La existencia de todos esos informes jurídicos -a por los que el PP valenciano tiene previsto acudir hoy mismo, además de a por los dos contratos de alta dirección finalmente aprobados- retrata con meridiana claridad la existencia del debate en el seno de la empresa de la Diputación de Valencia respecto a la política de contrataciones.

Ayer, Rodríguez recalcó que la situación en Divalterra es de «normalidad» y «tranquilidad absoluta» porque los nombramientos de alta dirección realizados en la empresa pública se han hecho con el informe favorable del letrado que ejerce como secretario del consejo de administración. Apuntó que se entregarán a Cs y el PP los informes sobre las contrataciones, «desde luego dentro de lo que legalmente toque», y que «no hay ninguna inquietud» por lo que puedan encontrar en ellos.

En ese sentido, explicó que es «lógico» que una empresa como Divalterra y que «gestiona la cantidad de recursos que gestiona» pida informes a consultoras como «elementos de trabajo». Pero «el que desde luego tiene valor es el del letrado».

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