La nueva ley de función pública obligará al futuro funcionario a saber valenciano

Las próximas ofertas públicas de empleo reservarán la mitad de las plazas al turno libre para incorporar «savia nueva» a la Administración

E. P.

valencia. El anteproyecto de Ley de Función Pública, aprobado ayer en el pleno del Consell, prevé una reserva del 50% de plazas de cada Oferta Pública de Empleo (OPE) al turno libre para «incorporar savia nueva y ofrecer expectativas a los jóvenes».

Así lo avanzó la consellera de Justicia, Administración Pública, Gabriela Bravo, tras el pleno del Gobierno valenciano.

Sobre el acceso a las oposiciones, Bravo dijo que «se apuesta por dar mejores oportunidades». «La ley nos da instrumentos para ofrecer expectativas a los jóvenes, a los estudiantes, para que las oposiciones sean atractivas», indicó. Así, se garantiza que todos los años se tiene que convocar un turno libre al menos del 50% de las plazas vacantes.

Al mismo tiempo se llevarán a cabo los procesos de consolidación y estabilización de empleo para interinos y, de esta manera, «acabar con la precariedad», afirmó la consellera.

Además, el anteproyecto -diseñado para solventar los problemas detectados por una comisión de expertos constituida en marzo de 2016- incluye una novedad respecto a la selección del personal funcionario interino, ya que sólo podrán inscribirse en las diferentes bolsas de trabajo quienes hayan aprobado al menos una prueba del proceso selectivo al que aspiren.

Así mismo, las relaciones de puestos de trabajo incluirán la competencia lingüística requerida en el conocimiento del valenciano que se establezca en el futuro reglamento de desarrollo de la nueva ley. Al respecto, la consellera dijo que la exigencia del conocimiento del valenciano vendrá determinada en cada uno de los puestos a los que se opte y detalló que se reclamará el Mitjà para el A1 y A2; el Básico para el C1 y el C2; y el Conocimiento Oral para agrupaciones profesionales.

La nueva norma obligará a la Generalitat a ofrecer mayor seguridad a los interesados en trabajar en ella, dijo. Por ese motivo, se reducen considerablemente los plazos de los procesos de selección del personal.

De esta manera, explicó Bravo, las pruebas de acceso deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria. Además, la ley incluirá la posibilidad de obtener ayudas económicas para el acceso al empleo público destinadas a fomentar la preparación de los aspirantes que posean un buen expediente académico y carezcan de recursos para la preparación de las pruebas selectivas.

Por otra parte, desde el Consell apuestan por una Administración «mucho más profesionalizada» e incorporará un nuevo rango de figura: el personal directivo profesional, cargo intermedio entre los políticos y los funcionarios que tendrá características especiales y que podrá ser interno o ajeno. «No serán coladeros para entrar personas enchufadas», dijo la consellera.

El anteproyecto incluye, además, medidas para luchar contra la corrupción, como un régimen de protección del personal empleado público que, de buena fe, formule alertas o denuncias sobre prácticas corruptas o cualquier tipo de irregularidad en actuaciones de altos cargos o personal. El procedimiento establece que se mantendrá en secreto la identidad de la persona que formule la alerta o denuncia.

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