Cataluña espió ilegalmente a políticos y periodistas contrarios al procés

La Policía Nacional se incauta del material que los Mossos pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià. / Q. García/EFE
La Policía Nacional se incauta del material que los Mossos pretendían destruir en la incineradora de Sant Adrià. / Q. García/EFE

Los documentos que pretendían incinerar en octubre detallan seguimientos de todo tipo y posibles pinchazos extrajudiciales

MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

El pasado 26 de octubre, a las puertas de la incineradora de San Adrià del Besós, los Mossos d'Esquadra alegaron ante los policías nacionales que les dieron el alto que las 30 cajas que cargaban en una furgoneta y que pretendían destruir no eran más que documentación burocrática de la Comisaría General de Información con datos sobre nóminas, bajas o vacaciones. Papeles que afectaban a la intimidad de los funcionarios y que destruían de forma periódica.

Pero casi toda esa versión era mentira. Buena parte del material incautado por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que en realidad buscaba órdenes para no actuar el 1-O contra el referéndum, está referido a un «servicio ilegal de espionaje» creado en el cuerpo autonómico para el seguimiento de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, políticos, abogados o periodistas que, según los Mossos, eran contrarios al 'procés'.

El informe realizado Brigada de Información de Barcelona a partir del estudio de esos documentos, algunos parcialmente destruidos antes de ser enviados a la incineradora, revela el espionaje sistemático a «partidos políticos, activistas, personajes públicos o privados, entidades y plataformas, todos ellos de marcado perfil unionista o constitucionalista».

El atestado policial, adelantado ayer por 'El Periódico' y cuya veracidad ha sido confirmada por los responsables de la investigación, incluso apunta a la posibilidad de que el espionaje incluyera pinchazos telefónicos extrajudiciales. Entre el material recuperado por la Policía de la quema hay cuatro hojas manuscritas sobre mandos policiales señalados en la denominada 'operación Cataluña' de Interior contra el independentismo. En esas anotaciones se refiere una «conversación telefónica» entre el excomisario José Villarejo, al que los Mossos consideran «líder» de la trama policial antisecesionista, y Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía y también señalado en ese mismo operativo. En esas hojas aparecen también referencias a Eugenio Pino, el exnúmero dos de la Policía, supuestamente cerebro de esa 'operación Cataluña'.

«Grupos de comunicación afines»

El informe de la Policía Nacional afirma en sus conclusiones que la trama del espionaje de los Mossos «utilizó en ocasiones medios técnicos de algún grupo de comunicación afin al proceso (independentista)», particularmente para vigilar a políticos del PP catalán. Su plan era, con la ayuda de esos «grupos de comunicación», recopilar «información comprometida» de esos políticos para usarla «en caso de tener que negociar con el Estado español la independencia de Cataluña».

161.101 euros

Este servicio de espionaje, que habría costado 161.101 euros solo en 2015 según se precisa en otros correos rescatados, tenía «especial interés en el control de todas y cada una de las asociaciones o movimientos civiles de carácter no independentista que han surgido para hacer frente al proceso secesionista», apuntan los servicios de Información, para los que no hay duda de que ese «control ha de obedecer a una transmisión jerárquica de instrucciones desde la cúpula de los Mossos para informar de estos movimientos al Gobierno de la Generalitat». Los actos de SCC, de acuerdo con las notas, fueron especialmente escrutados por los Mossos, «identificando a miembros del PP, Ciudadanos o a periodistas», como asistentes. El informe destaca las vigilancias que se hicieron a políticos del PP, Ciudadanos, PSC o, incluso la antigua Convergència. Uno de los seguimientos apunta que Albert Rivera acudió a la boda en Madrid de un familiar del abogado José María Fuster. Soraya Sáez de Santamaría, Carlos Carrizosa, Susana Beltrán, Alberto Fernández Díaz o Sergio Santamaría, también estaban entre los vigilados.

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