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F. M.
VALENCIA.
Viernes, 13 de abril 2018, 00:31
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El ministerio de Hacienda ha dirigido sendas cartas al Ayuntamiento de Gandia y al Consell de la Generalitat -responsable de la tutela financiera de todos los municipios valencianos-, en las que advierte de la posibilidad de intervenir las cuentas del consistorio de la capital de La Safor para pagar directamente a sus proveedores. El escrito, remitido a una quincena de consistorios de toda España, advierte de que se tomará esta decisión si no remite en el plazo de 15 días un plan en el que explique cómo piensa reducir la morosidad que acumula en el pago a sus suministradores, y que según los datos del Ejecutivo central rozaba en diciembre los nueve meses. El Ayuntamiento que dirige Diana Morant replicó que las cifras de 2018 son muy inferiores.
El escrito al que ha tenido acceso este diario explica que Gandia incumplió el periodo medio pago a lo largo de 2017 -el dato de diciembre fue de 267,4 días, prácticamente nueve meses-.
«A fin de que esa Entidad local corrija la actual situación de incumplimiento persistente de los plazos de pagos a proveedores, y poder evitar el inicio del procedimiento de retención de recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer las obligaciones pendientes de pago que tenga con sus proveedores, se remite el requerimiento efectuado, del mismo modo se le remitirá oportunamente por e-mail a ese Órgano de Tutela Financiera un modelo de plan de tesorería para que, si ese órgano lo considera, sea cumplimentado por la entidad antes del 27 de abril», se señala.
El escrito remitido al Gobierno valenciano explica que una vez «valoradas las medidas adoptadas por esa Entidad local, y de estimarse que las mismas no resultasen ser suficientes y/o adecuadas para la corrección del PMP, esa Comunidad Autónoma, en su condición de Administración Pública que tiene atribuida la tutela financiera, podrá instar de la Entidad Local la adopción de otras medidas complementarias a las anteriores».
Los datos de pago a proveedores son especialmente significativos si se tiene en cuenta que el Ejecutivo central facilitó a lo largo de 2017 casi 31 millones de euros del Fondo de Ordenación. Gandia atribuyó ayer esos datos al agujero de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), empresa impulsada por el anterior gobierno del PP y ya liquidada, deslizó intencionalidad política por parte del ministerio y aseguró que los de este año cumplen con lo exigido por Hacienda.
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