Montón vacía de competencias la jefatura económica que le impuso Puig

No ha pasado ni un mes, y la consellera de Sanidad ya ha mandado sendos mensajes al Palau de la Generalitat en los que demuestra que, lejos de plegarse a las decisiones del jefe del Consell, Montón está dispuesta a plantar batalla. Dos decisiones, una en forma de relevo de un asesor y su sustitución por una persona de su confianza, y la otra con una modificación de las competencias de uno de los altos cargos nombrados por Puig, que delatan la guerra abierta existente entre el Palau de la Generalitat y la conselleria de Sanitat.

Tal y como informó el pasado sábado este diario, uno de esos movimientos fue la destitución de Carmen Chofre como asesora de la conselleria y el nombramiento de Abencio Cutanda, un ex alto cargo procedente del Gobierno manchego durante la etapa de José Bono. Chofre es la mujer del secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, y está considerada como una persona de la máxima confianza del Palau de la Generalitat. Su salida no gustó nada en la sala de máquinas del Palau.

Pero el otro movimiento es más significativo si cabe. El DOGV del pasado miércoles publicó la resolución de la conselleria de Sanidad del 3 de abril por la que ajustaba las competencias de ese departamento a los nombramientos impuestos por el Palau en el departamento de Montón y se delegaban competencias en materia de contratación administrativa y de gestión económica. Un texto dirigido a condicionar las materias competencia de Carmelina Pla, la nueva directora general de Eficiencia y Régimen Económico.

Y el condicionamiento es tan evidente que Pla -sobrina del que fuera líder de los socialistas valencianos- terminará dirigiendo un área con muchas menos competencias de las que disponía su antecesor en el cargo, Justo Herrera. Hasta en cinco ocasiones distintas el decreto establece que competencias que hasta ahora recaían en Herrera -hasta la remodelación en Sanidad, responsable de Recursos Humanos y Económicos- y que debían de ser asumidas ahora por Pla, pasan a manos del subsecretario de la conselleria, Ricardo Campos.

En concreto, Pla no tendrá la capacidad para autorizar gastos correspondientes a contratación administrativa y de gestión económica de los servicios centrales de la conselleria cuando se trate de cantidades superiores a los seis millones de euros. Tampoco tendrá las facultades referidas a contratación, gastos de funcionamiento e inversiones reales de gestión centralizada, ni la gestión y recaudación de los gastos que correspondan a la delegación en los contratos que conlleven el pago de contraprestaciones económicas a favor de la Generalitat o contemplen la repercusión al contratistas de gastos o cantidades previamente satisfechas por la Generalitat. Pla tampoco se encargará de las competencias vinculadas a la gestión de la caja fija de la conselleria. Todas esas competencias, que recaían hasta ahora sobre Justo Herrera -tal y como figura en la resolución del 22 de julio de 2016- no pasan a su sucesora en la responsabilidad financiera, sino a Ricardo Campos, número dos de Montón y persona de su máxima confianza.

El movimiento constituye un revolcón al intento de Presidencia de la Generalitat por situar a una persona de su máxima confianza al frente de la gestión financiera de la conselleria de Montón. La titular de Sanidad se protege con un movimiento competencial que refuerza a Campos. Y que, al mismo tiempo, hace aún más evidente la enorme distancia existente entre su departamento y Presidencia del Consell.

El nombre de Carmen Montón ha aparecido en reiteradas ocasiones en las quinielas que se han hecho sobre posibles remodelaciones del Consell. De hecho, incluso dirigentes del PSPV han expresado en privado sus críticas hacia la labor realizada por la titular de Sanidad. En el entorno del Palau se asegura que la confianza de Puig en su consellera se encuentra muy resentida a nivel político.