Mata tilda de «barbaridad» el alquiler que paga la Agencia Antifraude

Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, junto a Enric Morera, presidente de Les Corts. / DAmíán Torres
Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, junto a Enric Morera, presidente de Les Corts. / DAmíán Torres

El PSPV responde a Llinares y asegura que la entidad que dirige no tiene la necesidad de ubicarse en el centro de Valencia

A. CERVELLERA VALENCIA.

10.000 euros al mes. Esta es la cantidad que deberá pagar la Agencia Antifraude por un local de 600 metros cuadrados ubicado en la céntrica calle Navellos. Según Joan Llinares, presidente de la entidad adscrita a Les Corts, esta es la consecuencia del abandono de la Generalitat, que aseguró que no les ha cedido un espacio para poder ubicar su sede definitiva después de varios meses de trabajo. El hecho de que una entidad que cuenta con 1,5 millones de euros en su presupuesto dedique 120.000 euros anuales para el alquiler de un inmueble fue calificado ayer de «barbaridad» por Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, que también señaló que no cree que exista una necesidad de ubicar la sede de la Agencia en pleno centro de Valencia, donde los precios son mucho más caros.

Tras la junta de portavoces, Mata rechazó las críticas de abandono de la entidad. Para el también vicepresidente de los socialistas valencianos la decisión de desgubernamentalizar la Agencia Antifraude «tiene consecuencias», por ello consideró que la Generalitat no tiene la obligación de ceder edificios. «La agencia, con su autonomía, debe tomar las decisiones que vea correctas», subrayó Mata, que insistió en que es cierto que existen emplazamientos públicos que podrían estar al servicio de la entidad que lidera Llinares pero recalcó que esta situación «es una garantía de su independencia del gobierno».

La dependencia o no de la Agencia Antifraude del Consell fue un tema muy debatido entre los socios del Botànic. Desde el PSPV y el Ejecutivo se apostaba por que el organismo estuviera adscrito a la conselleria de Transparencia pero Podemos, el partido impulsor de la medida, prefería que fuera un ente dependiente, un objetivo que finalmente logró. El arranque del organismo ha sido lento. La normativa de la agencia fue aprobada el 28 de noviembre de 2016, mientras que a Llinares no le nombraron director hasta el pasado julio y, desde entonces, no ha habido manera de que los trámites fluyan. Pasarán, por tanto, 14 meses desde la aprobación de la ley hasta que se pueda arrancar definitivamente el organismo. Además de por estos escollos, el director tampoco termina de estar de acuerdo por la naturaleza jurídica de su agencia, que preferiría que fuese una institución estatutaria.

Desde las filas socialistas aseguraron que ya avisaron de que esta decisión de desvincular organismos como la Agencia Antifraude o À Punt, la nueva RTVV, de la administración también conlleva que no se pueda exigir un apoyo igual al que se da a un ente que forma parte de la misma.

«Nula colaboración»

La actitud del Consell respecto al organismo que impulsó Podemos no gustó nada en el grupo parlamentario morado. Fabiola Meco, portavoz adjunta del partido en Les Corts, criticó ayer la «nula colaboración» de las diferentes administraciones valencianas (no solo señaló al Ejecutivo sino también al Ayuntamiento de Valencia) para colaborar en la búsqueda de un espacio para la Agencia Antifraude. Para Meco se ha dejado «poca salida» a Llinares, que consideró que se ha visto obligado a gastar una parte significativa de los recursos que asignó Les Corts al ente en alquilar el inmueble en vez de dedicarlos a luchar contra la corrupción, el verdadero cometido de la organización.

Por su parte, Fran Ferri, portavoz de Compromís en Les Corts, recalcó que tiene constancia de que la actual ubicación de la sede «no era la primera opción» que se barajaba, por lo que esperó que este tema se resuelva «lo antes posible» y finalmente la agencia se ubique en un «espacio público» que sea «más asequible para las arcas públicas».

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