La mano derecha de Blasco confiesa tras seis años que se amañaron contratos

Tina Sanjuán no puede asegurar que el exconseller recibiera dinero, aunque dice que era un secreto a voces

A. G. R. / EFE VALENCIA.

En el verano de 2016, la secretaria general de la conselleria, Tina Sanjuán, amagó con confesar. Pidió declarar voluntariamente en el juzgado, pero finalmente las expectativas se quedaron en la solicitud de un perdón. Ni concretó por qué se le debía disculpar ni mucho menos implicó a otros en las supuestas actividades delictivas. Por aquel entonces, la que fuera mano derecha de Blasco, su persona de máxima confianza, se había derrumbado psicológicamente. Su carácter no se puede comparar con el de su exjefe. Estuvo a punto de reconocerlo todo. Casi dos años más tarde, ayer mismo, Sanjuán ha conseguido liberarse.

La investigada se expresó ya sin ambigüedades en la pieza que analiza la convocatoria de servicios de informática en la conselleria. «El conseller me dio instrucciones de manera concreta y precisa para que determinados contratos fueran a parar a determinadas empresas», vino a decir. Así, supuestamente se amañó la contratación para favorecer los intereses de Augusto César Tauroni, el amigo del dirigente popular. Desde que estalló el caso, en febrero de 2012, Sanjuán había defendido su inocencia.

Hasta la fecha no se ha podido probar en ninguna de las piezas en las que se investiga la gestión de Blasco en la Administración que recibiera de manera directa una compensación económica por su trato de favor. Sanjuán dijo desconocer este extremo, pero apuntó que era un «secreto a voces» que alguna contraprestación existía. El exconseller Blasco, que también estaba citado ayer para declarar por estos hechos, se acogió a su derecho a guardar silencio. Es su estrategia habitual.

Sanjuán afirmó que el personal de la Conselleria conocía los subterfugios que se utilizaban para adjudicar los contratos a empresas controladas por Augusto Tauroni, conocido también por los empleados públicos, según explicó, cuya relación personal con el conseller también era conocida.

Sanjuán admitió, de igual modo, que las empresas de Tauroni no estaban capacitadas para prestar los servicios para los que resultaban adjudicatarias, bien de forma directa, bien a través de subcontrataciones. De hecho, eran otras mercantiles las que se interponían en el proceso de contratación.

Esta declaración de la que fue estrecha colaboradora de Blasco en varias consellerias, encaja -según las fuentes judiciales consultadas- con la declaración que el pasado viernes realizó el exjefe de Informática de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, también investigado en la causa, que admitió conocer las relaciones entre Tauroni y varios altos cargos, incluido Blasco, y cómo se manipulaban los expedientes para revestirlos de legalidad.

Al menos siete contratos por un importe total de más de un millón de euros habrían sido amañados, vulnerando los principios de transparencia y libre concurrencia en la contratación pública. Los contratos fueron adjudicados a tres empresas (Fujitsu España Service, Comteldat e Ibermática) que hacían las veces de intermediarias y que luego subcontrataban con las empresas Dinamiz-e y S&C Vision y Análisis, al frente de las cuales estaba Tauroni o alguno de sus considerados testaferros.

Juicio en breve

Esta es la única pieza que queda todavía en instrucción después de que esta misma semana se abriera juicio oral por las subvenciones a ONg´s y por el fallido proyecto del Hospital de Haití. Blasco y toda la excúpula de la conselleria serán juzgados por estos hechos a finales de este año o inicios del próximo ejercicio. Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el exconseller de la Generalitat. De nuevo, la exsecretaria general, Tina Sanjuán; el exdirector general, José María Felip y el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, junto al empresario Tauroni.

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