Llinares reprocha al Consell y a Les Corts el abandono de la Agencia Antifraude

Alcaraz, conseller de Transparencia, y Morera, presidente de Les Corts, aplauden a Llinares (centro) en su nombramiento. / damián torres
Alcaraz, conseller de Transparencia, y Morera, presidente de Les Corts, aplauden a Llinares (centro) en su nombramiento. / damián torres

El director de la oficina considera «inaudito» el trato que recibe el organismo y afirma que tal dejadez le ha obligado a alquilar un local

B. F. VALENCIA.

Joan Llinares, director de la Agencia Antifraude, tuvo ayer un día de contrastes. Contento porque se hizo pública la sentencia del Palau de Música de Cataluña, un caso que destapó el propio Llinares y que ahora se resuelve con condenas de cárcel a varios implicados y, sobre todo, la devolución de seis millones de euros. Circunspecto porque la oficina que dirige es, actualmente, un ente virtual sin espacio ni equipo material ni humano para trabajar, más de medio año después de que el mismo Llinares tomase posesión del cargo. Según adelantaron ABC y 'Valencia Plaza', el responsable de la agencia se ha liado la manta a la cabeza harto de esperar y ha decidido alquilar un inmueble de 600 metros cuadrados en la calle Navellos por 10.000 euros al mes, una cantidad elevada que ha generado polémica, algo que reconoció ayer el propio Llinares en declaraciones a la Cadena SER. Fuentes de la propia oficina confirmaron ayer a este periódico que la mudanza a la sede alquilada se producirá el próximo 1 de febrero. Llinares tiene la sensación de que ni Les Corts, de quien depende por ley, ni el Consell han movido un dedo más allá de las apariencias políticas para que la agencia se ponga en marcha.

«La polémica está generada por una situación inaudita. Entiendo que haya polémica», admitió ayer Llinares a la radio, quien consideró que la Agencia Antifraude está recibiendo un trato discriminatorio respecto a otros organismos de la Generalitat. «No me imagino que cuando se constituyeron otras instituciones como la Sindicatura de Comptes, la de Greuges o la AVL se tuviesen que dedicar a buscar locales», indicó Llinares, que prácticamente en solitario (porque Les Corts se negó inicialmente a prestarle personal, aunque posteriormente le cedió varios administrativos) ha tenido que seleccionar a su personal y arrancar la actividad de la oficina, que ya ha recibido material, denuncias a estudiar, si bien es cierto que ni dispone de espacio físico donde trabajar ni cuenta con material de oficina en condiciones. Así que se van alquilados asumiendo el elevado coste del inmueble, un gasto que mantendrán hasta que alguien en la Generalitat muestre la suficiente voluntad política como para ser consecuente con lo que los partidos del Pacto del Botánico aprobaron en sede parlamentaria.

El proyecto de la agencia se inició con el principio de la legislatura, un ente impulsado por Podemos y que ni Compromís ni PSPV vieron con buenos ojos. Actualmente, el reglamento de la oficina está en fase de alegaciones. No hay manera de que la agencia se ponga en marcha porque cada paso adelante provoca una zancadilla. Desde el Consell, inicialmente, se contempló la oficina como un ente que duplicaba las competencias de la Conselleria de Transparencia, departamento también de nuevo cuño. Desde Les Corts no se ha puesto demasiado entusiasmo y la oferta más relevante de espacio público que se ofreció a Llinares fue un edificio de viviendas vacías sin ninguna relación con el espacio de oficinas que precisa.

Llinares: «La polémica está generada por una situación inaudita. Entiendo que haya polémica»

Les Corts aprobó su puesta en marcha a través de una normativa que recibió enmiendas de todo tipo, así como negociaciones a múltiples bandas, lo que cristalizó en la normativa aprobada el 28 de noviembre de 2016. A Llinares no le nombraron director hasta el verano del año pasado, y desde entonces no ha habido manera de que los trámites fluyan. Pasarán, por tanto, 14 meses desde la aprobación de la ley y no será hasta entonces que se dé un funcionamiento mínimo. Llinares, además, considera que la naturaleza jurídica del organismo no es la adecuada, ya que actualmente es una entidad de derecho público mientras que el director entiende que lo mejor sería convertir la agencia en una institución estatutaria, algo que no ha generado ningún entusiasmo ni en Compromís ni en el PSPV.

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