El PP lleva al juzgado al presidente de la Diputación de Valencia por la tasa de las basuras

Jorge Rodríguez, enre Manolo Mata y Rosa Peris, en Blanquerías. /Efe / Manuel Bruque
Jorge Rodríguez, enre Manolo Mata y Rosa Peris, en Blanquerías. / Efe / Manuel Bruque

Presenta una denuncia por prevaricación y malversación a raiz de suspender el cobro de recibos en la localidad de la que es alcalde

FERRIOL MOYA VALENCIA.

El presidente de la Diputación de Valencia, y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ya tiene abierto su primer frente judicial. El grupo popular de la institución provincial ha presentado en el juzgado de instrucción una denuncia por prevaricación y malversación de caudales contra el dirigente socialista. ¿El motivo? La decisión de suspender el proceso de cobro de los recibos por la recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en el municipio que preside, con el consiguiente quebranto en caja generado en el Consorcio V5, al que pertenece la localidad de Ontinyent, y que es el que agrupa a la totalidad de municipios de esa zona.

La denuncia ante el juzgado se suma al procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas en relación con el informe elaborado por la interventora del Consorcio, que detectó un quebranto en caja generado por la decisión de la institución provincial de retrasar la recaudación de la tasa de basuras en su localidad. El escrito del Tribunal de Cuentas ya explicaba que el ministerio fiscal había remitido un texto, basado en el informe de la interventora, en el que «se ponían de manifiesto ciertas presuntas irregularidades contables en materia de recaudación de ingresos del citado consorcio».

Tal y como especificó este diario el pasado mes de marzo, la interventora del consorcio de residuos había detallado en un informe que la actuación de la Diputación de Valencia, al decidir no pasar al cobro la tasa de recogida de basuras en Ontinyent -sí que se cobró en el resto de municipios que pertenecen al consorcio- había generado un quebranto contable para el consorcio que rozaba el millón de euros.

La interventora relató entonces que la Corporación provincial había decidió, «sin ningún fundamento jurídico», la suspensión cautelar del procedimiento de recaudación únicamente en esta localidad. Una decisión motivada en un informe de una sola página del jefe de la asesoría jurídica de la Diputación, y que, por toda conclusión, alegaba que «parece razonable acceder de manera cautelar a la suspensión del procedimiento de cobro» solicitada por ese consistorio.

Que Ontinyent -el municipio del que Rodríguez es alcalde- dejara de pagar esa tasa a la Diputación que preside él mismo, trascendió a raíz de las quejas presentadas por otros dos ayuntamientos pertenecientes al mismo consorcio, Llosa de Ranes y Genovés, que son las que permitieron comprobar que, al mismo tiempo que la Diputación no cobraba a Ontinyent, sí que había incrementado los recibos a otros municipios «entre unos céntimos y hasta cuatro euros». El argumento del municipio de Rodríguez respecto a la caducidad del convenio debería de haber derivado en que ninguno de los más de 90 municipios que forman parte del consorcio pagara sus recibos. Pero la Diputación, que es la institución encargada del cobro, únicamente decidió dejar de cobrárselos al Ayuntamiento que dirige Rodríguez -asumiendo para éste un criterio que, en cambio, no le impidió el cobro al resto de localidades-.

El relato que los populares hacen en su denuncia especifica que la prevaricación se habría producido al adoptar Rodríguez una «resolución injusta», cuestionada incluso por la propia Intervención del Consorcio V5 que considera que se produce un quebranto en caja. El presidente de la corporación provincial, se señala, habría aprovechado «de forma ilegítima la concurrencia» de sus dos responsabilidades políticas -alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputación- y habría sido consciente, además, de la injusticia de la resolución «por haber sido advertido reiteradamente».

Pena de prisión

Además, el PP considera que Rodríguez habría adoptado una decisión arbitraria «de gran gravedad», que habría producido «descuadres contables y perjuicios económicos» que entorpecen el servicio público a través de unos hechos «que exceden las facultades legalmente establecidas». El delito de prevaricación está castigado con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de nueve a quince años. El de malversación, recuerda el PP, con pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de seis a diez años, que pueden elevarse -de cuatro a ocho años de prisión y de diez a veinte de inhabilitación absoluta- si concurren circunstancias agravantes-.

Tal y como recuerda la denuncia, cuatro días después del informe de la interventora que advertía de los alcances generados por la decisión de la Diputación -de 11 de noviembre-, el jefe del servicio de gestión tributaria decidió desestimar el recurso del Ayuntamiento de Ontinyent. Y el 18 del mismo mes -coincidiendo con el día de cierre del ejercicio contable tributario de la Diputación- la institución provincial fijaba un periodo de cobro específico para el municipio de Ontinyent.

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