Cs lleva al juzgado al líder del PSPV de Alicante por trocear contratos en Xàbia

José Chulvi. / lp
José Chulvi. / lp

Chulvi, acusado de presunta prevaricación y malversación, afirma que «tendrán que denunciar a todos los alcaldes de la Comunitat»

F. RICÓS VALENCIA.

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se encuentra en una difícil situación después de que hayan prosperado en los tribunales dos denuncias, una por un despido ilegal y otra por trocear contratos en el Ayuntamiento. Echávarri se halla al borde de sentarse en el banquillo y en una situación política muy delicada. Algo similar a lo de Echávarri quiere provocar Ciudadanos pero al líder de los socialistas de la provincia de Alicante y portavoz del PSPV en la Diputación alicantina, José Chulvi, pero como alcalde de Xàbia y su actuación en 2016.

La denuncia la presentó ayer la portavoz de Ciudadanos en la provincia de Alicante, Yaneth Giraldo, en el juzgado de guardia de Dénia por «la presunta comisión de los delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos» y está dirigida contra José Chulvi.

La denuncia recoge una docena de casos en los que el alcalde de Xàbia adoptó decisiones ignorando las indicaciones de Intervención, aunque también advierte de que a lo largo del actual mandato municipal se han producido medio centenar. El conjunto de acciones impugnadas de la alcaldía de Xàbia ante la Justicia asciende a 521.021,85 euros.

Cs recuerda en el escrito que los contratos menores son de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras y de 18.000, de otros.

La denuncia cita a la empresa Xuquer Land a la que Chulvi aprobó el pago de ocho facturas correlativas, con el mismo concepto, que ascendieron a 39.412,56 euros. Intervención informó de que faltaba tramitar el expediente de contratación.

A Xarxa Teatre le pagó 45.083,80 euros en dos facturas con el concepto «actes diversos. Festes Sant Joan 2016».

También hay un proyecto de reforma del Cine Central por 22.531 euros, que supera en 4.531 euros el máximo de un contrato menor.

A la empresa Tecnillum se le pagó 37.994 e Intervención presentó el reparo «de falta de tramitación de expediente de contratación».

A la firma Ricardo Caballer, 50.596,56 euros por actuaciones pirotécnicas en Sant Joan de aquel año. Se pagó en cuatro facturas con numeración consecutiva.

La contratación de una empresa para el servicio de conserje y mantenimiento de instalaciones deportivas costó 96.537,45 euros de julio a octubre. Se fraccionó en cuatro contratos.

El séptimo ejemplo, pago a Empark Aparcamiento y Servicios por el servicio de vigilancia y control del parking municipal por 55.043,52 euros en tres facturas. Intervención se quejó de que no se tramitó contrato.

El octavo, 60.223,75, por el balizamiento de playas, pagado en cuatro facturas a Route Pont. Intervención también puso reparo.

El noveno, a Jualaz Motor, pago de 30.928,76 en dos facturas por «varios vehículos comerciales» Porter Piaggio. Intervención objetó que faltaba un expediente de contratación.

El décimo se refiere a un tratamiento fitosanitario «fraccionado mediante seis contrataciones individuales. El siguiente, mantenimiento de parques y jardines con 15 contrataciones y su importe, 22.263,75 euros. Y el último, la reparación de aceras durante junio, julio y septiembre de 2016, fraccionando los 23.819,1 euros en cuatro facturas.

Por su parte, José Chulvi aseguró que el proceder de Cs evidencia «un desconocimiento del funcionamiento administrativo» de los ayuntamientos, que «no tienen ni idea» de gobernar. «Si sigue así tendrá que denunciar a todos los alcaldes de la Comunitat Valenciana» porque este es un proceder «generalizado» en la Administración, afirmó el alcalde. Chulvi afirmó que las elecciones no se ganan en los juzgados.

«El Ayuntamiento de Xàbia tiene en marcha más de 30 pliegos de contratos públicos para adaptarse al nuevo criterio de Intervención, pero entre tanto no se puede paralizar el día a día del pueblo», indicó.

El líder de los socialistas alicantinos aseguró que esas facturas con reparos de Intervención «van a la comisión de Hacienda» porque «no tienen procedimiento de contratación, ya que por determinadas circunstancias, como por urgencia, se contratan unas actuaciones y los técnicos municipales acreditan que se han llevado a cabo. Son gastos hechos y conformados que se tienen que pagar y ni el PP se ha pronunciado en contra. En esas facturas no hay nada que esconder».

Para Chulvi, no se trata de haber troceado contratos porque «no son contratos sino facturas. Los contratos existentes están avalados por los técnicos y a disposición de quien quiera consultarlos. Todos, sin excepción, son legales».

Fotos

Vídeos