El letrado del presidente de la Diputación, investigado por malversar y prevaricar

Cuerda declara este lunes en el juzgado de Igualada por su gestión como secretario del Ayuntamiento catalán de Calaf

F. M.

valencia. Los nombramientos firmados por Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación de Valencia se han convertido en un permanente quebradero de cabeza para el máximo responsable de la institución provincial. La última polémica afecta al Letrado de Presidencia de la Diputación y secretario de Divalterra, Jorge Cuerda. Según informa El Temps en su edición de esta semana, el funcionario de la institución provincial tendrá que declarar el próximo lunes ante el juez de primera instancia de Igualada, en calidad de investigado, a raíz de una decisión adoptada durante su etapa como secretario del Ayuntamiento catalán de Calaf. La denuncia, presentada por un particular, le atribuye los supuestos delitos de malversación y prevaricación a Cuerda y a la alcaldesa de Calaf en aquella etapa, Maria Antònia Trullàs (CiU). La causa está vinculada a la firma del contrato-programa entre el consistorio y la empresa Aguas de Manresa, un convenio subscrito bajo el asesoramiento de Cuerda.

El frente judicial que afecta al Letrado de Rodríguez enreda un poco más, si cabe, la situación en la que se encuentra Divalterra, la firma heredera de la vieja Imelsa. Un informe firmado por el propio Cuerda fue el que propició que el consejo de administración de la empresa aprobara en un pleno del pasado 19 de febrero dos contratos de alta dirección para sendos cargos afines a Rodríguez -Víctor Jiménez y Lucas Ferrando-. El informe, dado a conocer a los miembros del consejo 85 minutos antes del inicio de la reunión, se superpuso a otro dictamen, elaborado por el propio Cuerda, y que era mucho menos optimista respecto a si la firma provincial tenía capacidad para firmar esos nuevos contratos, que soslayan los principios de publicidad mérito y capacidad de cualquier oposición pública. El último pronunciamiento de Cuerda resultó determinante, a pesar de la existencia de sucesivos informes jurídicos, de los que ha venido informando este diario, que advertían de la ilegalidad de esas designaciones. En el punto más alto de la ola, la Diputación optó por reestructurar el organigrama de la empresa, eliminar los otros cuatro contratos de alta dirección, y dejar sin nombrar a esos dos nuevos -Jiménez y Ferrando presentaron su renuncia a la vista de la polémica-.

Cuerda puede verse salpicado también en los tribunales por su gestión como letrado en la Diputación de Valencia. El representante de Ciudadanos en Divalterra, Jorge Ochando, presentó la semana pasada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el propio Cuerda, Rodríguez y los dos cogerentes de la firma -Xavi Simón y Agus Brines- por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y ocultación de información y falsedad documental, entre otros, relativos a las decisiones adoptadas por éstos en relación con los contratos de alta dirección en la nueva Imelsa.

El Temps asegura también que, al margen de la denuncia del representante de la formación naranja, algunas personas ya han puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción información referente a determinadas actuaciones validadas por Cuerda como secretario de Divalterra que comprometen a todo el equipo directivo de la firma de la Diputación de Valencia.

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