Un juzgado de Madrid prepara ya citaciones por la financiación del PSPV

El Síndic del PSPV analiza ayer el auto del juzgado en una rueda de prensa. / lp
El Síndic del PSPV analiza ayer el auto del juzgado en una rueda de prensa. / lp

La juez de Valencia se inhibió para que se analizaran dos contratos de los ministerios de Sanidad y Vivienda

A. Rallo
A. RALLOValencia

Un juzgado de Madrid prepara ya las primeras citaciones en la investigación que analiza las irregularidades en las adjudicaciones del Gobierno de Zapatero a Crespo Gomar, la agencia que supuestamente canalizó pagos de actos del PSPV a través de otras empresas. El auto del juzgado de Instrucción 21 de Valencia, difundido por la cadena Ser, concreta los dos contratos sobre los que existen indicios de irregularidades que podrían derivar en responsabilidades penales.

Se trata de un contrato del Ministerio de Vivienda en 2009 por más de 126.000 euros. La investigación apunta a que en este proceso se abrió antes la oferta económica que los informes técnicos, algo excepcional en el trámite administrativo. A partir de ahí resulta más sencillo intentar favorecer a las empresas debido al carácter subjetivo de la valoración técnica. Además, se expulsó a un aspirante por baja temeraria.

El otro de los expedientes bajo sospecha es una adjudicación del Ministerio de Sanidad por 180.000 euros. Los juzgados de Madrid que analizan estos supuestos ya se declararon competentes y abrieron las correspondientes diligencias al igual que lo ha hecho el de Gandia. Al menos uno de los órganos judiciales ya está preparando las primeras citaciones -todavía no ha declarado nadie en sede judicial por estos hechos-, lo que supondría que, por primera vez, se sigue el procedimiento judicial contra determinadas personas. Un avance respecto de las pesquisas practicadas en Valencia.

No obstante, los delitos de financiación ilegal de los partidos PSPV y Compromís se encontrarían prescritos. Lo que se trata de dictaminar es si se produjo una malversación y prevaricación para alimentar económicamente el entramado de Crespo Gomar que supuestamente financió el partido socialista. Se sospecha que Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Metrovacesa se hicieron cargos de facturas por servicios prestados fundamentalmente al PSPV. A cambio de esta intermediación, la empresa bajo sospecha pudo obtener contratos del Gobierno. La jueza relata cómo las relaciones entre el PSPV y Crespo Gomar, cuyo gerente es Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat. Igualmente, expone que Alberto Gomar creó la mercantil Opino Media, de la que posteriormente se encargó José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de Egevasa, empresa pública mixta de la Diputación de València, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident de la Generalitat Joan Lerma, de Orengo y de la exalcaldesa de Gandia Pepa Frau.

Se investiga asimismo la adquisición de un inmueble en Gandia por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada por el Ayuntamiento de la Ciudad Ducal.

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