Justicia paraliza la licitación del servicio de peritaciones judiciales al no incluir su titulación

F. M.

valencia. El Diari Oficial de la Generalitat publicó en su edición de ayer una resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Justicia por la que acuerda desistir del proceso de licitación de peritaciones judiciales en la Comunitat Valenciana, que había puesto en marcha en septiembre del pasado año. La decisión, que afecta a un proceso que salía a licitación con un presupuesto de dos millones de euros (más IVA) se produce por una causa chocante: el reconocimiento de un error en el proceso administrativo previo a la licitación. Tal y como se publica en la plataforma de contratación del sector público, la decisión se produce después de que la dirección general de Justicia redactara un escrito en el que admite que no se había tenido en cuenta «un requisito indispensable para la realización de las peritaciones, como es la cualificación de los profesionales que tengan un dominio suficiente de las materias objeto de peritación y que acrediten el conocimiento de la materia objeto de contratación». Es decir, la licitación del servicio había salido a concurso sin considerar que los peritos debían acreditar su titulación como tales.

El expediente que aparece en la plataforma de contratación del sector público especifica que la Mesa de Contratación había situado a la empresa Eurovaloraciones S.A. como la que presentaba la oferta más ventajosa para la Administración en cada uno de los tres lotes a concurso. El 6 noviembre de 2017 se requirió a la firma para que aportara toda la documentación requerida. Y sin embargo, apenas un mes después, la dirección general de Justicia que encabeza Verónica López remite un escrito al órgano de contratación en el que solicita el desestimiento de la adjudicación por «razón no subsanable del procedimiento». Se explica, con meridiana claridad, que la infracción se advierte «antes de la adjudicación del contrato y se concreta en la omisión en los pliegos de la exigencia de aportar las titulaciones que acrediten los conocimientos necesarios para la realización de la prestación objeto del contrato». El informe con esta conclusión lleva fecha del pasado 13 de febrero.

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