El Jurídic saca tarjeta roja a las consellerias por no tener reguladas las subvenciones

El conseller Vicent Soler se explica ante la vicepresidenta Mónica Oltra, en el pleno de Les Corts. / efe/M. Bruque
El conseller Vicent Soler se explica ante la vicepresidenta Mónica Oltra, en el pleno de Les Corts. / efe/M. Bruque

El órgano consultivo se suma al criterio de la Intervención y exige más garantías de los objetivos, plazos y costes reales de esas ayudas

F. M. VALENCIA.

Los tirones de orejas al Gobierno valenciano por la gestión de los fondos públicos no le llegan únicamente de la Sindicatura de Cuentas o a través del Ejecutivo central. El Consell Jurídic Consultiu (CJC) censura, en un contundente dictamen, a las distintas consellerias del Gobierno valenciano por no haber elaborado 'planes estratégicos de subvenciones', los documentos que deben de señalar, con carácter previo a la concesión de esas ayudas, sus objetivos y efectos, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación.

La amonestación del órgano que preside Margarita Soler se produce al hilo de un dictamen sobre un proyecto de orden de la conselleria de Hacienda «por la que se regula la concesión de ayudas en forma de bonificación de los costes financieros de operaciones de préstamos otorgadas por el Institut Valencià de Finances (IVF) para la financiación de proyectos empresariales elegibles en el marco del cambio de modelo económico».

El ente que preside Margarita Soler recuerda que la ley de 2003 ya exige estos planes estratégicos

En un apartado que alude textualmente a la «inexistencia de Plan Estratégico de Subvenciones», el Jurídic recuerda que hace prácticamente quince años -cuando se aprobó la Ley General de Subvenciones- que existe la «necesidad de que las Administraciones públicas y cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones deberán concretar con carácter previo y a través de un plan estratégico, los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».

El órgano consultivo recuerda que la ley de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones de la Comunitat Valenciana, aprobada en 2015, también recoge la necesidad de elaborar previamente un plan estratégico de subvenciones «en el que se integrarán las subvenciones que pretendan otorgar tanto sus órganos como sus organismos públicos dependientes y cuyo contenido será el determinado en la legislación básica estatal».

No sólo eso. El órgano consultivo explícita que la exigencia de contar con este Plan «se incardina en la obligación legal de que el gasto público responda a los principios de máximo rigor económico, austeridad, eficiencia en el uso de los recursos disponibles, calidad de los servicios prestados y transparencia en la gestión pública, tal como de manera reiterada ha indicado este CJC».

Y nada de eso se cumple. El informe del Jurídic asume la tesis de la Intervención General, que en un documento con fecha del pasado 8 de noviembre informaba de manera favorable sobre la mencionada Orden de la conselleria que dirige Vicent Soler con dos observaciones. La más destacada, «aprobarse un plan estratégico de subvenciones» de la conselleria de Hacienda.

El Consell acaba de aprobar que el CJC no informe de las órdenes para conceder ayudas

La tarjeta roja del Jurídic a las consellerias del Gobierno valenciano se señala con un cambio de criterio en el dictamen del órgano consultivo. Hasta ahora, el órgano que preside Margarita Soler se limitaba a informar de la ausencia de ese plan estratégico de subvenciones. Con el dictamen sobre las ayudas a conceder por el IVF, por primera vez, ese aviso pasa a tener carácter de observación esencial -los avisos con los que el CJC condiciona su visto bueno a los textos que informa-.

La recriminación del Jurídic al Gobierno valenciano coincide en el tiempo -el dictamen tiene fecha del pasado 29 de noviembre- con una maniobra del Gobierno valenciano con la que se ha decidido esquivar el informe que el órgano consultivo tenía que hacer, de forma obligada, sobre la concesión de ayudas. Un apartado de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2018 -ya aprobados por Les Corts- preveía la desaparición del preceptivo informe del Jurídic sobre las órdenes que regulan las bases de convocatoria de ayudas públicas. Desde el Consell que preside Ximo Puig se alegó que la medida atendía a razones de agilizar los procedimientos aunque algunas fuentes cuestionan ese argumento.

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