El Jurídic abronca a Economía por una ley sin plan económico y que invade legislación estatal

El órgano consultivo considera que la norma que regula el nuevo Punto de Atención a la Inversión es «inhábil» para modificar plazos

F. M.

El dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre el anteproyecto de ley de creación del Punto de Atención a la Inversión, a cuyo texto dio luz verde la pasada semana el Gobierno valenciano, constituye uno de los varapalos más significativos que el órgano consultivo ha dado a una norma salida del Consell, al menos desde que Margarita Soler ocupa la presidencia del Jurídic. El texto reprocha a la conselleria de Economía que dirige Rafael Climent que haya formulado «de manera mecánica y ritual, sin ningún tipo de fundamentación en su redacción» la obligada memoria económica que debe acompañar siempre este tipo de textos. Y no sólo eso: también reprende al mismo departamento por no caer en la cuenta de que ha elaborado una norma que invade competencias de carácter estatal y para cuya elaboración no han tenido ninguna participación las administraciones municipales.

El dictamen del Jurídic, aprobado en la sesión del pasado 21 de noviembre, encadena reproche tras reproche hacia el departamento de Climent. El texto recuerda que la Ley de Hacienda Pública deja meridianamente claro que los proyectos de disposiciones legales deberán de contar con un informe preceptivo y vinculante de la dirección general de Presupuestos que analizará la memoria económica. Y concluye: «En el expediente sometido a consulta no podemos entender como correctamente atendidas las exigencias procedimentales de la ley en este punto».

El órgano que preside Margarita Soler explica que la memoria económica consta de un simple párrafo en el que se especifica que la nueva norma «no comporta incremento de plantilla ni del gasto público para su puesta en marcha y funcionamiento». Tras recordar la importancia de incorporar un plan económico como evidencia de la aplicación de los criterios de eficacia en la gestión pública y en el control del gasto público, el Jurídic concluye que en este caso es evidente que «no se han atendido estas exigencias». La memoria económica «se ha formulado de manera mecánica y ritual, sin ningún tipo de fundamentación en su redacción». Y añade: «Es por esto que la dirección general de Presupuestos señaló la imposibilidad de emitir informe preceptivo y vinculante» sobre la nueva norma.

El Jurídic recuerda la importancia de incorporar memoria económica en los proyectos de ley

La ausencia de este informe es objeto de una observación de carácter esencial por parte del CJC. Pero no es la única. El dictamen explica que el marco normativo del anteproyecto de ley pretende aprovechar las estructuras y unidades administrativas del IVACE para crear un Punto de Atención a la Inversión como herramienta «que coordine e impulse los proyectos empresariales que cumplan determinados requisitos y tengan ciertas dimensiones», de forma que sus trámites tengan carácter urgente y prioritario y se reduzcan a la mitad -una iniciativa que el conseller presentó en su día con boato como proyecto estrella de su departamento, inspirada en el VCI creado en la etapa de Francisco Camps-.

Pero eso no es tan sencillo. El Jurídic recuerda que la disposición autonómica afecta a una serie de ámbitos en los que la legislación estatal tiene carácter de básica, circunstancia que provoca que la normativa autonómica se vea condicionada por ésta. «Desde esta perspectiva, la ley que se proyecta es inhábil para modificar los plazos que vienen establecidos en la legislación básica estatal, como se reconoce en el expediente», se subraya.

El órgano consultivo subraya que la reducción de plazos en la tramitación de procedimientos para la administración local dependería de eventuales convenios de la Generalitat con entidades locales. Y añade que una ley no puede contemplar la posibilidad de que una administración «que no tiene competencias» en el procedimiento administrativo, pueda modificar el régimen jurídico por la vía de un convenio con otra administración «que tampoco las tiene».

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