El juicio contra Chaves y Griñán por los ERE comenzará el día 13 diciembre

José Antonio Griñán y Manuel Chaves. / Efe

Los expresidentes andaluces no empezarán a declarar hasta enero

CECILIA CUERDOSEVILLA

El juicio contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por su implicación en el supuesto fraude de los ERE pagados con dinero público ya tiene fecha. Finalmente, y tal y como quería la Audiencia provincial de Sevilla, comenzará este año, en concreto el 13 de diciembre. Sin embargo, las declaraciones de ambos exmandatarios y la otra veintena de imputados no tendrá lugar hasta el 9 de enero de 2018, según confirman fuentes judiciales, ya que los días hábiles de ese último mes de año se centrarán en las múltiples cuestiones previas que plantearán las defensas en un último intento de evitar el juicio.

La fecha de inicio de uno de los procedimientos con más resonancia mediática y política de la región fue acordada este viernes tras una reunión entre el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente del juicio tras la marcha de Pedro Izquierdo –quien fue recusado por incompatibilidad al haber sido alto cargo de la Junta-- , la fiscalía y los abogados de todas las partes. También se ha decidido la mecánica del juicio, como que solo haya tres sesiones semanales y solo un día se continúe por la tarde. Aunque las partes no han fijado un cronograma, todo hace indicar que el juicio se prolongará durante varios meses.

El juicio pone así fin a más de siete años de investigación para determinar si hubo o no una intencionalidad política para poner en marcha en 2001 y hasta 2010 un procedimiento específico de pago de ayudas sociolaborales inadecuado que, según señaló la instrucción, permitió la discrecionalidad y la opacidad en la entrega de los fondos. Un sistema por el que se entregaron 850 millones de euros de fondos públicos y que amparó irregularidades como la aparición de intrusos o personas ajenas a las empresas beneficiarias, que algunas ayudas se tramitaran sin expediente y siquiera haberse solicitado formalmente o que parte del dinero fuera a parar a empresarios afines al exdirector general de Trabajo de esa época, Javier Guerrero.

La investigación surgió a raíz del descubrimiento de varios intrusos entre los afectados por un expediente de regulación de plantilla de Mercasevilla, cuyas pólizas fueron pagadas con cargo a la Junta. La entonces responsable del juzgado 6 de instrucción de Sevilla, Mercedes Alaya, tiró del hilo para constatar que era una fórmula habitual entre las ayudas sociolaborales pagadas por la administración en una época de enorme conflictividad laboral, poniendo en tela de juicio las políticas públicas de empleo. La parte del procedimiento específico, que sentará en el banquillo a 22 exaltos cargos del Gobierno andaluz, será el primero de los juicios que se celebren en la macrocausa de los ERE, donde están imputados más de 600 personas.

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