Una jueza investiga un encargo a dedo del Ayuntamiento de Valencia para un miembro de Podemos

La concejal de Podemos, María Oliver, que impulsó la firma del convenio. / jesús signes
La concejal de Podemos, María Oliver, que impulsó la firma del convenio. / jesús signes

La concejal de Educación firmó un convenio de 100.000 euros con la Universitat para un estudio dirigido por un compañero de la formación morada

A. Rallo
A. RALLOValencia

Un juzgado ha abierto una investigación para aclarar la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universitat para la realización de un estudio que permitiera conocer el sistema educativo en la ciudad. El acuerdo fue impulsado por la concejal de Educación, María Oliver, edil perteneciente a Podemos e integrante del grupo municipal Valencia en Comú. De hecho, desde el verano es la portavoz de la marca blanca de Podemos. Llama la atención una inversión de 100.000 euros -el proyecto tiene una duración de tres años- pese a la reducida parcela competencial que tiene el Consistorio en esta área. Pero no es esa la circunstancia más llamativa de la acción municipal. El encargado del proyecto, el director del estudio, es el profesor de Ciencias Sociales José Manuel Rodríguez, destacado miembro de la formación podemita. De hecho, en el momento del encargo figuraba como miembro del consejo ciudadano de la formación.

Esta investigación parte de otra denuncia más del asesor del PP Luis Salom. El cargo municipal ha emprendido una ofensiva judicial que, de momento, ha prosperado en un par de pesquisas contra el concejal Pere Fuset o en una causa contra el exasesor de Les Corts Miquel Soler, que cobraba del Parlamento, pero supuestamente trabajaba para el grupo socialista, algo prohibido por el Reglamento de la Cámara.

El escrito presentado por Salom recoge otras cuestiones controvertidas. Por ejemplo, recuerda que el convenio tenía una mayor dotación económica, pero el Interventor General del Ayuntamiento obligó a reducir el importe un 20%. Además, la memoria del proyecto explicita que al director del estudio, el miembro de la formación morada, se le dará cada año 7.500 euros, un porcentaje muy elevado del total de dinero municipal destinado a este cometido. No hubo, siempre según el relato de hechos que se presentó en el juzgado, un concurso público para adjudicar el servicio. El propio Interventor puso reparos a esta práctica porque no se acreditaron en el expediente las razones para no someter esta contratación a una convocatoria pública.

El interventor puso reparos a la medida porque no se justificó la falta de publicidad

El miembro del PP subraya cómo el objeto del trabajo aborda competencias propias de la Conselleria de Educación y, en cambio, deja fuera el primer ciclo (0 a 3 años) sobre el que el Consistorio sí tiene ciertas responsabilidades. Pero este particular queda excluido pese a que el sector, al parecer, ha demandado la necesidad de una radiografía del número de centros y plazas. Por último, la conveniencia de este estudio parece justificarse en una reunión del Consejo Escolar, según consta en un informe. Sin embargo, en ese órgano no se recogió la necesidad de encargar ese informe.

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