Borrar
Urgente Dani Alves, en la vista para decidir sobre su libertad provisional: «No voy a huir»
La sede de la institución pública. irene marsilla
El juez de Taula quiere saber quién destruyó facturas de Turismo Valencia

El juez de Taula quiere saber quién destruyó facturas de Turismo Valencia

El instructor rastrea también otro pago de 50.000 euros desde el Instituto de la Vivienda a la agencia que montó la campaña del PP

A. RALLO

Viernes, 15 de diciembre 2017, 01:18

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

valencia. La investigación de la financiación ilegal del PP es la única de las piezas derivadas del caso Imelsa que avanza de manera significativa en el juzgado de Instrucción 18. El instructor dio ayer un nuevo impulso para apuntalar los indicios de que fundaciones vinculadas al Ayuntamiento dieron dinero por servicios ficticios a la agencia que organizó la campaña del PP de 2007.

En una providencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia, requiere a la fundación Valencia Convention Bureau para que identifique a la persona o personas que ordenaron destruir toda la documentación acerca de los 600.000 euros que se abonaron a Laterne, la firma de Vicente Sáez Tormo, amigo de Alfonso Grau. La Guardia Civil cree que no respondían a ningún servicio, que la única finalidad era nutrir de fondos la caja B del PP para el pago de los actos electorales. Si finalmente se conoce quién decidió eliminar las facturas y si el objetivo era camuflar esos pagos, tendrá consecuencias penales.

No sólo Turismo Valencia está en el punto de mira de Anticorrupción. Otra de las entidades bajo sospecha es el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD). La oposición ya denunció en su día la opacidad de la institución. El Ayuntamiento de Valencia inyectó más de ocho millones de euros desde la creación de la entidad. La mayor cifra se produjo curiosamente en 2007, el año de los comicios, cuando se alcanzaron los 900.000 euros. El 82% de la facturación del grupo Laterne a sociedades financiadas por el Ayuntamiento fue entre 2006 y 2008.

El oficio añade el requerimiento a la misma institución de documentación acerca de un contrato de promoción turística con una mercantil, Valencia Estrategia Promoción e Imagen.

El juzgado también ha mostrado interés por un pago del Instituto Valenciano de la Vivienda -competencias hoy en día asumidas por Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige)- de casi 50.000 euros a una firma en la órbita de Sáez Tormo. El magistrado quiere comprobar la documentación que soporta este abono para saber si responde a una actuación real. La firma receptora del dinero arrastra numerosas sospechas. Se trataba de City Marketing Conseil, una sociedad que desde el principio sorprendió a la Guardia Civil porque tenía una cuenta en Bruselas. De hecho, esta es otra de las pesquisas en marcha. El ministerio público solicitó una comisión rogatoria, una petición de colaboración a las autoridades belgas para que aporten cualquier información sobre ese depósito. Por ejemplo, quién o quiénes eran titulares de la cuenta en el Fortis Bank, si tenía asociada tarjetas de crédito y si el dinero se movió y de qué forma a otras firmas o particulares. El juez lo aceptó de inmediato. La petición ya ha sido tramitada.

La campaña electoral del PP de Valencia pudo costar alrededor de dos millones de euros. La Guardia Civil destaca que en la provincia se gastaron de forma oficial 'sólo' 133.000 euros y en toda España, 9,5 millones de euros. Estas cifras trasladan las «pretensiones ambiciosas» de la candidatura que encabezaba Rita Barberá, según la UCO. El PP lograba supuestamente los fondos de fundaciones municipales y de grandes contratistas del Ayuntamiento. Hasta la fecha todos los empresarios lo han negado, aunque no pueden justificar los pagos a la agencia que organizó las campañas.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios