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A. RALLO
VALENCIA.
Martes, 17 de octubre 2017, 00:25
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Un millón de euros. Esa es la fianza que le reclama el responsable del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia, para asegurar el pago de responsabilidad civil en el caso de que sea condenado. Grau está investigado por liderar la trama que supuestamente permitió la financiación ilegal del PP de Valencia durante las elecciones de 2007 y 2011.
Así se desprende del auto al que ha tenido acceso este diario que señala que, en caso de no prestación de fianza en el plazo indicado, se decretará el embargo de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir dicha responsabilidad. Los indicios en contra de Grau se han ido acumulando a medida que avanzaban las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez, en uno de sus autos, dio un par de detalles que estrechaban el círculo sobre el vicealcalde.
El instructor, tras imputar por estos hechos a la cajera del PP, Mari Carmen García Fuster, adelantó quiénes podían ser los responsables de la supuesta financiación ilegal del PP. «Resulta razonable que la investigación se proyecte, de inicio, sobre los administradores electorales y sobre aquellas personas que respecto de la cuenta bancaria y de sus fondos tenían capacidad de decisión o disposición». Además, recogía que los hechos constituirían, de entrada, un delito electoral continuado, que abarcaría también la campaña para los comicios de 2011.
Según los informes de la UCO, Grau estuvo autorizado en la polémica cuenta del Sabadell. Dejó de tener acceso en 2015. No obstante, el que fuera vicealcalde sí figuraba en esa libreta durante el periodo que se investiga. Un informe de la UCO recoge que podía controlar esa cuenta desde octubre de 2012 hasta abril de 2015. Con anterioridad figuraba también Marta Torrado, aunque los agentes, al parecer, confunden su apellido en el informe. Las otras dos personas con capacidad de maniobrar en esa cuenta están ya investigas: García Fuster y María José Pi Palau, mano derecha de esta, ya están investigadas. Existen otros indicios en contra del que fuera mano derecha de Barberá en el Ayuntamiento. Fuster declaró en su comparecencia que era Grau quien se encargaba de los pagos que se hicieron al Grupo Trasgos, la agencia de comunicación que cobró de la cuenta sin fiscalizar del grupo. Las mismas fuentes indicaron que Grau era la persona de contacto para decidir estas cuestiones. Diferentes fuentes judiciales apuntan a que con esos antecedentes, Grau terminará declarando como investigado.
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